Las familias con menos de 300.000 euros se quedarán sin recibir asesoramiento independiente

La entrada en vigor de Mifid II, la normativa pensada para proteger al inversor que arranca en 2018, introducirá numerosos cambios en la industria. En esencia definirá cómo paga el cliente: obligará a las entidades a ser transparentes y a definirse como independientes o no independientes. Y solo estas últimas podrán cobrar las famosas retrocesiones (la parte de la comisión de gestión destinada a retribuir a la red comercial).

Ahora bien, la pregunta que está en el aire es quién podrá (y querrá) pagar por el asesoramiento financiero. Según un estudio elaborado por los departamentos de investigación de Efpa e IEB, las familias con un patrimonio medio de hasta 300.000 euros no podrán recibir asesoramiento financiero independiente "tradicional".

Esos 300.000 euros son en un escenario optimista porque la estimación que recoge esta investigación, titulada Nuevos modelos de negocio en el asesoramiento financiero tras las modificaciones regulatorias de Mifid II, es que el patrimonio financiero medio de una familia española ronda los 109.524 euros por hogar.

A esa dificultad de acceso se une otro factor: "Prácticamente la mitad del ahorro de las familias está en inversiones muy conservadoras. En un entorno de tipos extremadamente bajos y de desinflación, la gestión de activos de baja o nula rentabilidad no justifica el pago de los servicios de un asesor financiero profesional", se explica en ella.

Sergio Miguez, profesor del departamento del IEB y uno de los autores del estudio, considera que "el cliente solo estará dispuesto a pagar al asesor cuando reconozca el valor añadido que recibe". A partir del análisis de encuestas sobre el comportamiento del inversor, una de las conclusiones es que, a corto plazo, la mayor parte de los españoles optará por el asesoramiento financiero dependiente debido a una serie de factores, como "la falta de masa crítica de las carteras de inversión, el sesgo a la inversión conservadora y cortoplacista, el entorno de tipos que dificulta obtener rentabilidades adecuadas salvo en activos de riesgo y la falta de tradición y costumbre".

Ponen un ejemplo, además, de cómo serían los costes para un inversor que dedicase 150.000 euros a una cartera de fondos conservadora, que rentase un 5,5 por ciento, con Mifid II. En una entidad independiente pagaría un coste por asesoramiento, aparte de los gastos totales del fondo. Suponiendo que ambos fuesen del 1 por ciento, los costes se comerían el 36 por ciento del rendimiento obtenido (ver gráfico inferior). Es por ello que creen que "el mercado evolucionará por varias vías: con clases de participaciones en fondos con comisiones más bajas, con el aumento de la concentración de ETF (o fondos indiciados de bajo coste) además de un alza de la contratación de la inversión directa en acciones y bonos".

Qué harán las entidades

La perspectiva de que buena parte de los españoles se decante por un asesoramiento dependiente invita a los autores del estudio a aventurar que la mayoría de entidades implantará un modelo de asesoramiento "no independiente", ante las dificultades para el cobro explícito a minoristas. En España, "la comercialización de fondos está concentrada en la banca. Esta circunstancia hará que se tienda a un modelo de asesoramiento mixto: no independiente y de arquitectura guiada", estima Jesús Sarria, del departamento de investigación del IEB y otro de los participantes de la investigación.

Debe tenerse en cuenta que Mifid II no obliga a las entidades a decantarse por la prestación de un tipo de servicio u otro, podrán prestar ambos, asesoramiento independiente y no independiente, siempre que se cumplan determinados requisitos de información a clientes especificados por Autoridad Europea del Mercado de Valores (ESMA, por sus siglas en inglés).