Lino.- Las defensas plantean la falta de competencia de la A. Nacional al no existir "ningún" fraude generalizado

Un abogado argumenta que lo defraudado, cerca de 3 millones, no es significativa para causar grave repercusión a la economía nacional

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La defensa de la mayoría de los 19 acusados en el juicio que comenzó hoy a celebrarse en la Audiencia Nacional por el denominado "fraude del lino", consistente en la obtención irregular de ayudas de la UE para la transformación de esta planta para su uso textil, planteó la falta de competencia de este órgano para enjuiciar los hechos, al no existir "ningún fraude generalizado" cometido presuntamente por las empresas transformadoras de Lino, así como los agricultores implicados en la causa.

En la sesión de esta mañana, los letrados de los acusados y el fiscal Anticorrupción Juan Pavia comenzaron a plantear a la Sección Cuarta de lo Penal de esta sede judicial las cuestiones previas al juicio, entre las que figuran, además de la falta de competencia, la petición de juzgar a los imputados por separado.

Otras cuestiones previas planteadas se refieren al sobreseimiento de la causa respecto a algunos de los imputados, la suspensión del juicio y la extemporalidad del escrito de acusación de la Fiscalía, el abogado del Estado y la Junta de Extremadura por haberse presentado fuera de plazo previsto.

El abogado de Eugenio Alabarces Muñoz, para quien se piden 3 años de cárcel y multa de 30.000 euros, sostuvo que a la Sala no le corresponde enjuiciar esta causa, al "no existir defraudación continuada planificada por el conjunto de los acusados", quienes, según dijo," nunca se organizaron para defraudar las subvenciones europeas para la transformación del lino".

"NO HAY TRAMA DE LINO".

El letrado alegó que la supuesta cantidad defraudada a los fondos comunitarios alcanzó los 3 millones de euros, lo que supone una cifra que "carece de significativa cuantía" para tener repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional. El abogado citó para corroborar su argumento una sentencia del Tribunal Supremo que consideraba que la cantidad de 21 millones de euros y 30 millones de euros no era suficiente "magnitud" para afectar al patrimonio nacional.

La defensa de Antonio Muñoz, quien se enfrenta a la misma pena que el anterior, se sumó también a la cuestión de falta de competencia y afirmó que "ninguno de los imputados cobró de las famosas subvenciones comunitarias". "No hay trama de lino. No se ajusta a la realidad", añadió el letrado, quien rechazó que Muñoz junto con Alabarces, propietarios de la empresa Colisur 2000, hubiesen urdido una trama para la obtención de dichos fondos.

El abogado del ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y ex subsecretario del letrado Agricultura, Nicolás López de Coca, para quien el fiscal pide 1 años de prisión y multa de 144.242 euros, planteó también "la inexistencia de competencia" de la Audiencia Nacional para juzgar los delitos de que se le acusa a su cliente.

Respecto al delito de tráfico de influencias, aseguró que éste "no guarda ninguna conexión con ninguno de los delitos de los que se acusa al resto de los imputados", a quienes se les imputa de delitos de falsedad en documento oficial o mercantil y fraude de subvenciones.

FUERA DE PLAZO

Otra de la cuestión previa argumentada por la mayoría de las defensas se centra en la extemporalidad de los escritos de acusación presentados por el fiscal, Abogacía del Estado y la Junta de Extremadura. Todos ellos manifestaron que se presentaron fuera del plazo de 15 días concedido una vez que se dictó el auto de apertura de juicio oral.

En concreto, el abogado de Enrique Ruiz Paz y su hermano Gonzalo, responsables de la Compañía Lenera del Centro (Colino), para quienes piden 3 años de cárcel y multa de 30.000 euros, pidió al tribunal la anulación de la acusación formulada contra su cliente, puesto que el escrito de calificación se presentó en un plazo fuera de lo permitido.

El letrado de López de Coca, al igual que otras defensas, también pidió a la Sala la "inadmisibilidad" de varias de las acusaciones vertidas contra su defendido por "presentación extemporáneas" y "consigo la nulidad de las mismas". En concreto, se refirió al escrito de calificación de la Fiscalía, el abogado del Estado, la Junta de Extremadura y Castilla y León.

PETICIÓNDE PENA

La Fiscalía Anticorrupción solicita para los acusados penas de entre siete meses y tres años de cárcel y multas de entre 6.000 y 191.000 euros. El fiscal imputa a López de Coca un delito de tráfico de influencias, por el que se pide un año de prisión, multa de 144.242 euros e inhabilitación especial para ejercer cargo público por cuatro años. Se le acusa de presionar al ex consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha para modificar una Orden autonómica que excluía a sus hijos y otros familiares de la obtención de ayudas de la UE.

Al resto de imputados son acusados son, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, Enrique Ruiz Paz y su hermano Gonzalo -responsables de Compañía Linera del Centro (Colino), para quienes se piden tres años de cárcel y multa de 30.000 euros-; Antonio Muñoz Matínez y Eugenio Alabarces Muñoz Enrique -propietarios de Colisur 2000 S.L, que se enfrentan a la misma pena de los anteriores- y su abogado Enrique Ayala Martínez -dos años de prisión y multa de 191.000 euros-; y los administradores de Celitex Manuel y Santiajo Rojo Rojo -se pide un año y medio de cárcel y 18.000 euros de multa para cada uno-.

Los acusados que operaban en Castilla y León son Esperanza Arroyo Domínguez -que regentaba Texar S.L, y para quien se solicitan tres años de cárcel y multa de 30.000 euros-; su hermano Eusebio -un año y medio de cárcel y multa de 18.000 euros-; y Victoriano Blanco Alonso y Celedonio Martín Cabreros -responsables de la cooperativa Los Linares, en Zamora -dos años de carcel y 9.000 euros de multa para cada uno-.

También han sido procesados Jesús García Borque y Pedro Millán -propietaros de la transformadora Ecoagrocas S.L. en Ólvega (Soria) -tres años de cárcel y 30.000 euros de multa- y Juan José Martínez Villar -quien captó productores y arrendatarios para los anteriores en Teruel, y que se enfrenta a la misma petición del fiscal. Así como los productores en esta provincia Julián Guillén, José manuel Pérez Espílez y Fernando Calvé Dobón -quienes se enfrentan a siete meses, tres años y dos años de cárcel y a multas de entre 78.865 a 6.000 euros, respectivamente-. Finalmente, el fiscal acusa al responsable de Lino Textil de Extremadura S.L. Alberto García Valencia, y pide para él dos años de cárcel y 9.000 euros de multa.

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