Los asuntos "capitales" pendientes de la banca

España fue inmune al tsunami de las subprime, pero el estallido inmobiliario se llevó por delante centenas de miles de millones de euros de los balances de las entidades financieras españolas, fruto de los saneamientos como consecuencia de la aplicación de los "decretos De Guindos", en alusión al titular de la Cartera de Economía en España.

Tras tres ejercicios de limpieza profunda hemos sido, poco a poco y de forma muy selectiva, capaces de trasladar nuestra atención hacia la cuenta de resultados. Y pese a que, finalmente, habíamos empezado a hablar de normalización del coste de crédito, de crecimiento en la nueva producción y de rendimiento sobre capital de doble dígito, seguimos sin poder estar tranquilos en este sentido.

Dos frentes se mantienen abiertos en el ámbito regulatorio y, aunque el uno lejano y el otro improbable, en nuestra opinión, no podemos abandonarnos sólo a la evolución del puro negocio bancario, al menos de momento.

El primer punto por resolver son los créditos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés). En el periodo 2009-2014, tras la pérdida de confianza entre los distintos actores del sistema bancario europeo, uno de los temas más recurrentes ha sido el de los niveles de solvencia como muestra de fortaleza financiera.

La ratio más utilizada para tal fin es la de capital (el más exigente, según la regulación actual, Basilea III fully loaded). Y, sorpréndanse: la heterogeneidad del cálculo dentro de la eurozona es casi infinita.

Según los datos facilitados por Bloomberg el pasado mes de marzo, las entidades españolas se movían entre el 9,7% del Santander y el 12,0% de Liberbank. En medio, Banco Popular (10,5%); Bankia (10,6%); BBVA (10,8%); Caixabank (11,5%); Bankinter (11,6%); y Banco Sabadell (11,7%).

Una ley aprobada en noviembre de 2013, justo antes de la fecha de corte de los test de estrés del BCE, permitió a las entidades españolas computar alrededor de un 60% de los DTA -hablamos de, aproximadamente, 30.000 millones de euros- como parte del capital, asumiendo que en los próximos años se generarían los beneficios suficientes para monetizarlos.

Pero, desde la Comisión Europea, Margrethe Vestager, comisiaria de Competencia, inició el pasado 7 de abril una investigación preliminar para evaluar la ilegalidad de estas "ayudas" a la banca. Las entidades más afectadas serían aquellas con mayores pérdidas acumuladas en los últimos tres años.

El coste económico, financiero, y reputacional de una resolución en contra de la actual legislación podría ser enorme por lo que, en mi opinión, la probabilidad de producirse parece baja. Pero no es imposible.

El segundo área que todavía está pendiente para la banca radica en que no son pocas la entidades financieras europeas (también algunas españolas) que tienen doble actividad: el negocio bancario y la actividad aseguradora.

Para aquellas en las que éste sea el caso, la ratio de capital se verá beneficiada por cuanto las entidades no se ven obligadas a deducir del capital la totalidad de activos del negocio asegurador y sólo se deducen los activos ponderados por riesgo.

Desde el Mecanismo Único de Supervisión (nuevo regulador bancario europeo, bajo el paraguas del Banco Central Europeo) apuestan por eliminar los beneficios de cálculo lo que, de nuevo, impactaría de forma negativa en la ratio de capital de las entidades en cuestión.

Este evento no es en absoluto descartable; de hecho, tiene mayores posibilidades de ocurrir que el caso de los DTA aunque con menor impacto económico y es algo lejano todavía en el tiempo.

En nuestra opinión, es muy recomendable mantener una posición vigilante ante comentarios y evoluciones que pudieran indicar un cambio del rumbo regulatorio en el Viejo Continente.

En paralelo, una buena aproximación y análisis de las entidades nos permitirá descubrir que sigue habiendo valor en el sector bancario? a pesar de estos asuntos "capitales" por resolver.

Gemma Hurtado, gestora principal de Mirabaud Equities Spain.