Economía/OPA.- La CE no aceptará un acuerdo entre España y Alemania si mantiene condiciones ilegales para E.ON

BRUSELAS, 4 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea no aceptará un acuerdo entre España y Alemania sobre la oferta pública de adquisición (OPA) de E.ON para comprar Endesa si éste mantiene las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que han sido declaradas en su mayoría ilegales por Bruselas con carácter preliminar, según dijo hoy el portavoz de Competencia, Jonathan Todd.

"Si, tras recibir las explicaciones de las autoridades españolas, llegamos a la conclusión definitiva de que las medidas son ilegales, cualquier acuerdo alcanzado entre las autoridades españolas y alemanas, no tendrá ninguna incidencia en el hecho de que se tomaron medidas ilegales el pasado julio", explicó Todd, que añadió que la Comisión sólo conoce de las negociaciones entre Madrid y Berlín por la prensa.

"La obligación de la Comisión es velar por el respeto del derecho comunitario, y ya hemos indicado que la mayoría de las medidas tomadas por el regulador energético en España sobre este caso vulneran el derecho comunitario", insistió el portavoz, que dijo que España y Alemania no tienen la obligación de notificar a Bruselas que están negociando salvo si este diálogo tiene un impacto sobre la normativa europea.

Para el Ejecutivo comunitario, el "punto de partida" es la legislación comunitaria, que "tiene que respetarse". "Si hay contactos en marcha --y está claro que todo el mundo es libre de hablar con todo el mundo-- que puedan resolver de una u otra forma los problemas, será lo mejor", recalcó el portavoz de la Comisión, Johannes Laitenberger. "La obligación, en sustancia, es respetar la legislación comunitaria, y en forma, responder la carta enviada por la Comisión en el plazo acordado", añadió.

La Comisión aseguró además que no está negociando con el Gobierno. "No mantenemos negociaciones con las autoridades españolas, sólo hay contactos regulares", dijo Todd. Explicó que España tiene hasta el 13 de septiembre para responder a la evaluación preliminar de Bruselas, según la cual la mayoría de las 19 condiciones impuestas por la CNE son "ilegales". El plazo inicial vencía hoy pero fue prorrogado a petición de las autoridades españolas.