El lunes entra vigor la nueva ley concursal

La reforma pretende asegurar la sostenibilidad de empresas con problemas, aunque económicamente viables, y adaptar la norma jurídica a la realidad económica.

Entre otras novedades, se otorga a los deudores hipotecarios la posibilidad de recurrir una sentencia de desahucio siempre que ésta esté fundada en cláusulas abusivas, con objeto de que deudores y acreedores cuenten con "las mismas posibilidades", tal y como explicó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Hasta ahora, sólo los acreedores tenían esta opción.

Asimismo, aunque los acreedores públicos (Hacienda, Seguridad Social, autonomías y ayuntamientos) mantienen su derecho de cobro preferente en los concursos de acreedores, un acreedor público podrá ser arrastrado al convenio general si así lo decide el 75 % de todos los acreedores públicos implicados.

La nueva normativa extiende los efectos del convenio a los acreedores "disidentes" que no se hayan sumado a este, siempre que se superen unos determinados porcentajes de adhesión.

Esto implica que los acreedores preferentes mantendrán su derecho a elegir entre adherirse voluntariamente al convenio o llegar a un acuerdo singular, pero podrán ser arrastrados al convenio general siempre que voten a favor de este al menos un 60 % o un 75 % del pasivo del tipo de crédito (laboral, público, financiero y resto) en que se enmarque esa deuda.

No obstante, el porcentaje exacto de votos favorables variará en función de las medidas que se acuerden.