Bolsa, mercados y cotizaciones

El Constitucional admite a trámite más recursos contra la reforma eléctrica



    MADRID (Reuters) - El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite dos nuevos recursos de inconstitucionalidad contra la reforma energética anunciada el verano pasado y aprobada a final de 2013, esta vez presentados por el Parlament y la Generalitat de Catalunya.

    "El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso, al Senado y al Gobierno, que disponen de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones", dijo en una nota de prensa.

    Estos recursos, presentados en marzo, se suman a los planteados por el grupo parlamentario socialista, el Parlamento Navarro y la Diputación Foral, y la Comunidad de Murcia.

    Entre otras cuestiones, el Gobierno catalán consideró al presentar el recurso que la norma merma las competencias de la Generalitat en energía y consumo.

    El máximo órgano judicial español señala el viernes que la admisión de estos recursos "no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal analizará en próximas fechas".

    El Tribunal Constitucional suele demorar varios meses, incluso años, sus fallos sobre asuntos de relevancia, como ha ocurrido con casos como el Estatuto de Catalunya o el matrimonio homosexual, aunque en ocasiones la tramitación puede paralizar la aplicación de la ley recurrida, como en el cobro de un euro por receta en varias regiones.

    La nueva legislación sobre el sector eléctrico -que reduce la remuneración a la generación mediante energías renovables, el peaje que se paga a las empresas eléctricas y penaliza el autoconsumo de energía- ha generado una gran controversia y encontrado una fuerte oposición de sectores empresariales y sociales.

    Además, varias empresas como Abengoa y fondos extranjeros en renovables han presentado demandas de arbitraje en tribunales internacionales contra la reforma al considerar que modifica normas de manera retroactiva y en contra de sus intereses.

    El Ministerio de Industria ha defendido siempre la legalidad de la nueva ley con el argumento de que cumple con la legislación vigente bajo el supuesto de la "rentabilidad razonable" de las inversiones en activos energéticos.