UGT denuncia 18,6% contratos temporales incurren en fraude de ley

Barcelona, 1 ago (EFECOM).- Avalot, entidad que agrupa a los jóvenes de UGT de Cataluña, ha denunciado hoy, a través de un informe sobre el control de contratación en Cataluña, que el 18,6% de los contratos temporales del segundo trimestre de 2006 no especificaron su causalidad, por lo que incurrieron en "fraude de ley".

Según el estudio, elaborado sobre el análisis de 2.052 contratos catalanes escogidos de forma aleatoria, en el segundo trimestre de 2006 el 77% de los contratos analizados no especificaron el salario del trabajador, lo que supone siete puntos porcentuales por encima de las cifras del primer trimestre.

El portavoz nacional de Avalot-UGT, Oscar Riu, ha denunciado hoy las "irregularidades y la mala fe informativa" de los empresarios, cuando en un 26,5% de los contratos analizados no se especificó ni el sueldo ni el convenio colectivo de aplicación, 8,5 puntos más que en el anterior control.

Asimismo, el convenio de aplicación no se incluyó en un 26,8% de los contratos, mientras que en el primer trimestre la cifra fue del 24%.

Riu, quien ha calificado de "grave" el problema de la temporalidad, ha destacado que el 87% de los contratos del segundo trimestre de 2006 fueron temporales, con una duración media de cuatro meses, entre los que predominan los de obra y servicio y los eventuales.

Asimismo, el estudio señala que un 27% de los contratos indefinidos fueron conversiones de temporales, por lo que "se comienza a notar el apartado de control de concatenación de contratos temporales de la reforma laboral".

Para los jóvenes de UGT, estas prácticas constatan "la voluntad consciente de ciertos empresarios de aprovechar la desidia de la administración en el control jurídico de la contratación", por lo que reclaman el aumento de las sanciones a las empresas que registren contratos de trabajo fraudulentos.

También piden el aumento de recursos de la administración destinados a las Oficinas de Trabajo de la Generalitat (OTG), con la voluntad de tener personal que se dedique al control legal de la contratación.

Respecto al estudio que la Generalitat encargó hace medio año para investigar 15.000 contratos y más de 2.000 empresas, Riu ha subrayado que no existe constancia sobre sus resultados, a lo que ha añadido la "necesidad de llevar a cabo medidas coercitivas".

Según Riu, "es cierto que la competencia recae en la inspección de trabajo, pero la Generalitat podría hacer mucho más" para evitar fraudes en la contratación.

Desde Avalot, se propone impedir que las empresas sancionadas puedan presentarse en los concursos de obra pública, "dado que el 10% de los contratos fraudulentos pertenecen al sector de la construcción". EFECOM

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