Soria se muestra "optimista" ante su encuentro con Almunia sobre la naval

"Sí, siempre optimista", declaró a Efe el ministro respecto a las expectativas de la delegación española sobre esta reunión, en la que pedirá a Almunia que no exija la devolución de la "tax lease", los incentivos fiscales a la financiación de la construcción de buques que recibió el sector naval antes de 2011.

Soria llegó a la Comisión acompañado por el lehendakari Iñigo Urkullu, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el de Asturias, Javier Fernández, así como los secretarios generales de los sindicatos UGT, Cándido Méndez, y CCOO, Ignacio Fernández Toxo.

A la reunión también asiste en representación del sector el presidente de Pymar, la sociedad que agrupa a los 19 astilleros privados españoles, Álvaro Platero.

Una de las claves de la reunión será el monto total de las ayudas que Bruselas podría exigir a la naval que devolviera, una cantidad que podría elevarse hasta los 2.000 millones de euros, según las estimaciones del sector.

También queda por definir el periodo exacto sobre el que se reclamarían la devolución de las ayudas, ya que de momento se baraja una horquilla temporal que se extiende de 2005 a 2011.

La Comisión Europea tiene previsto tomar su decisión final el próximo miércoles 17.

Por su parte, representantes de los astilleros gallego Metal Ships y vasco Balenciaga acudieron a Bruselas para reclamar la "devolución cero" de las ayudas a la construcción naval y exigir un trato no discriminatorio con respecto a Francia.

"Lo único que pedimos es exactamente el mismo trato que se dio a Francia, ni mejor ni peor, devolución de ayudas cero", dijo el director general del astillero gallego Metal Ships, Alberto Iglesias, poco antes del inicio de la reunión.

Según Iglesias, los argumentos jurídicos a su favor son "extraordinariamente poderosos" e "irrefutables".

También argumentó que "no soluciona absolutamente nada" dejar fuera de la medida que adopte la CE a los armadores, ya que "siguen quedando los inversores y seguiremos sin tener inversores para las nuevas estructuras".

"Las patas del sistema nuestro son tres: astillero, armador e inversor, y mientras no se arregle este problema seguiremos teniendo el futuro condicionado", dijo por su parte el director general del astillero vasco Balenciaga, Vicente Galdenao Pérez.

Iglesias aseguró que "los argumentos jurídicos sobre la mesa son los que hay desde hace mucho tiempo", en referencia a la petición de elementos nuevos de la Comisión, pero recalcó que "tenemos la absoluta seguridad de que en un recurso esto lo ganamos al 99 %".

Galdeano, estuvo de acuerdo en que tienen argumentos para ganar un recurso, pero matizó que teniendo en cuenta el tiempo que duran estos procedimiento si no se toman otras medidas "estamos muertos", por lo que apeló a la "cordura".

Asimismo confirmó que en España las ayudas se detuvieron en junio de 2011, cuando se abrió el procedimiento, y subrayó que "ahora no tiene sentido que con efecto retroactivo se aplique y solamente a España ese criterio (de devolución de las ayudas desde 2005)".

"Esto se ha convertido en un problema de seguridad jurídica en Europa, los armadores no se van a quedar a construir en Europa, se van a marchar a construir a China", destacó.

Preguntados por la falta de comunicación de las medidas a Bruselas, Iglesias se limitó a decir que los astilleros son meros usuarios del sistema que aplican unas medidas que son legales en España.

"El Gobierno español nosotros desconocemos lo que hace, nosotros actuamos con la legislación vigente española", incidió, al tiempo que aseguró que en Holanda, Alemania y Francia hay el mismo tipo de ayudas.

En cuanto a los daños en el sector, consideraron que ha sido "tremendo" y afirmaron que "hay 90.000 puestos de trabajo que están condicionados a esta decisión".

Las autoridades españolas quieren explicar con argumentos jurídicos al Ejecutivo comunitario por qué debería pronunciarse en contra de la devolución de unos 2.000 millones de euros en ayudas concedidas al sector naval entre 2005 y 2011.

Almunia ya adelantó hace semanas que iba a proponer a la CE que inversores y armadores devuelvan al Estado español las ayudas fiscales recibidas en ese periodo.

Esta decisión ha provocado el rechazo del Ejecutivo central, los autonómicos y los partidos de la oposición, al coincidir en que esa postura supondrá el cierre de todas las empresas y la desaparición de 87.000 empleos.