El Tesoro, a por 4.500 millones de euros en la tercera subasta del año

Que siga la racha. Es lo que desea el Tesoro Público, que hoy celebra la tercera subasta de 2013.

En las dos anteriores -la de bonos y obligaciones del 10 de enero y la de letras a 12 y 18 meses del 15 de enero-, captó más dinero del previsto y a unos costes más bajos gracias a una elevada demanda. Esta vez colocará bonos con vencimiento en octubre de 2015 y enero de 2018 y obligaciones con caducidad en julio de 2041, un papel con el que intentará conseguir entre 3.500 millones y 4.500 millones de euros.

En diciembre, los títulos a 2015 se adjudicaron con una rentabilidad media del 3,39% y la semana pasada los bonos a 2018 salieron al 3,98%. Las obligaciones con vencimiento en julio de 2041 acaparan una atención especial porque el Tesoro no emite títulos a un plazo tan largo desde mayo de 2011. Entonces, su rendimiento medio se situó en el 6%.

Como aperitivo, la rentabilidad de los bonos españoles a 10 años se mantuvo en el 5,02%. Por su parte, la prima de riesgo se mantiene por encima de los 350 puntos básicos, aunque lejos de los máximos de julio antes de que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, anunciara el nuevo programa de compra de deuda.

En cualquier caso, el Tesoro ha empezado con buen pie un ejercicio en el que tendrá que realizar una emisión bruta de entre 215.000 millones y 230.000 millones, dependiendo de la adhesión de las comunidades al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a lo largo del ejercicio.

La emisión de deuda nueva se quedará cerca de los 71.000 millones de euros en 2013, incluyendo también los recursos destinados al FLA, lo que supone una reducción del 26% respecto al año pasado.

Cláusulas para cambiar las condiciones

Una de las grandes novedades en las emisiones de 2013 y con efecto ya en uno de los bonos emitidos este jueves es la inclusión de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) en todas las emisiones con plazo de amortización mayor de un año.

Estas cláusulas suponen un cambio en las condiciones que regulan la relación entre el Estado y los inversores. En la práctica, permiten cambiar las condiciones de la deuda sin el apoyo unánime de todos los tenedores de deuda, de forma facilitan la aplicación de quitas o de reestructuraciones en la misma.