Economía/Laboral.- Congreso y Senado preparan mañana la aprobación de planes de pensiones para parlamentarios

Las Cortes también ultiman las normas para la renovación del CGPJ, cuyos jueces aspirantes deberán presentarse en septiembre

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Congreso y el Senado analizarán mañana en sesión conjunta los trabajos de la comisión creada en marzo para concretar la puesta en marcha de planes de pensiones para diputados y senadores, se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias.

Según sus planes, se trataría de crear un fondo, con cargo a los presupuestos de las Cortes, del que podrían beneficiarse aquellos parlamentarios que, habiendo tenido esta condición durante un número determinado de años (siete años o dos legislaturas), no hayan acumulado por sus actividades posteriores los años necesarios para recibir el máximo de pensión. Las Cortes se encargarían de sufragar mensualmente la diferencia de lo que les correspondería por su cotización personal hasta llegar al cien por cien de la pensión.

Además, se pretende crear un segundo fondo para indemnizaciones, también con cargo a los presupuestos de las Cámaras. Los beneficiarios serían los parlamentarios que se quedaran en paro tras su paso por el Congreso o el Senado y pudieran demostrar que no han recibido otros ingresos. La indemnización sería de un mes por año trabajado.

En tiempos precedentes, cuando algunos ex diputados o ex senadores se han dirigido a los presidentes de las Cámaras para exponer situaciones de penuria económica y pedir ayuda, este tipo de peticiones se han atendido recurriendo a los remanentes de la Cámaras.

La concreción de los detalles se encargó a una comisión de las dos Cámaras formada por dos diputados --Javier Barrero (PSOE) y Ana Madrazo (PP)-- dos senadores --Juan Barranco (PSOE) y José Manuel Barquero (PP)-- y los secretarios generales del Congreso y el Senado.

SEGUN LOS AÑOS DE MANDATO

El secretario cuarto de la Mesa del Senado, el 'popular' José Manuel Barquero, explicó en su día, cuando la Cámara Alta presentó la iniciativa que luego asumió igualmente el Congreso, que tanto en la fijación de la cuantías como en como periodos computables y en gradación de los mismos se ha tenido en cuenta la legislación vigente.

La intención, según explicó, es adecuar al parlamentarismo español a "la media" de lo que actualmente está en vigor en los parlamentos de nuestro entorno, para lo cual habría que decidir si los fondos se dotan sólo de los presupuestos de las Cortes o si se opta por una financiación mixta. "Hay parlamentos con su propia caja de pensiones, otros en los que hay una fórmula mixta de aportaciones individuales y de dinero público y hay parlamentos que tienen su caja de pensiones exclusivamente con aportación de dinero público", apuntó.

En la misma reunión de mañana, las Mesas del Congreso y del Senado podrían dar vía libre al proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al menos en lo que respecta a los doce vocales de la carrera judicial, pues los otros ocho son juristas de reconocido prestigio que deben acordar los grupos parlamentarios.

Los trámites de la renovación, que corresponde acometer en noviembre, comenzaron formalmente el pasado 7 de mayo cuando el CGPJ remitió al Congreso y al Senado un oficio con la relación del escalafón de la carrera judicial y el censo de las asociaciones judiciales con vistas a la elección de los doce vocales de la carrera. Dos semanas después, Marín se entrevistó con el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, para cambiar impresiones sobre el procedimiento, ya que ahora lo liderará el Parlamento.

A diferencia de lo ocurrido en 2001, cuando la urgencia aconsejó que el procedimiento electoral de los vocales judiciales se gestionara desde el CGPJ, esta vez el proceso será liderado por las Cortes, aunque se cuente con el Consejo de 'oficina electoral'.

TRES CANDIDATOS POR PLAZA

En fuentes parlamentarias se indicó a Europa Press que esta renovación seguirá las pautas de la anterior, que se gestionó desde el CGPJ. En ese sentido, se espera que para los doce vocales de procedencia judicial se seleccionarán a 36 precandidatos (tres por cada plaza que se iba a cubrir). De ellos, 19 serían propuestos por las asociaciones, que agrupan al 53 por ciento de la carrera, y los 17 restantes se reservarían para jueces que se presentasen de forma individual con un aval del 2 por ciento de la carrera judicial. Si los candidatos independientes no cubren su cupo, se concederán más propuestas a las asociaciones.

El CGPJ tiene censados a 4.265 jueces, de los que 1.148 forman parte de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), 468 de la Francisco de Vitoria, 459 de Jueces para la Democracia y 186 del Foro Judicial Independiente. Con esos mimbres, se calcula que los 19 precandidatos de las asociaciones se repartirían de la siguiente forma: Diez de la conservadora APM, cuatro de la Francisco de Vitoria y otros tantos de la progresista Jueces para la Democracia, y uno del nuevo Foro Judicial Independiente.

El plazo para presentar candidaturas, tanto las listas de las asociaciones como los jueces que se presentan individualmente con sus avales, podría concluir el 26 de septiembre, según el calendario que se baraja. Eso sí, cada asociación habrá de presentar una lista con suplentes, en la misma cuantía que los titulares que les corresponde, para cubrir la eventual insuficiencia de candidatos independientes.

Una de las novedades que introducirán las Cortes será la previsión de cobertura de vacantes durante el mandato de cinco años de los vocales. Así, ya dejará establecido de antemano que, si hay bajas entre los elegidos por el Parlamento, se cubrirán con los que se quedaron en puertas en este procedimiento.

Y LUEGO, ACUERDO POLÍTICO

El mandato del actual CGPJ finaliza el 7 de noviembre, aunque es previsible que, como en la última renovación, el proceso se retrase unos meses por motivos técnicos. A ello habrá que añadir el tiempo que los grupos políticos tarden en ponerse de acuerdo con los ocho juristas de reconocido prestigio y al seleccionar entre los precandidatos ofrecidos por los jueces.

Y es que la elección de los vocales, sean de extracción judicial o propuestos por los partidos, requiere mayoría cualificada en las Cortes (cada Cámara elige la mitad). En el caso del Congreso, eso supone 210 diputados (tres quintos), por lo que resulta imprescindible un acuerdo entre los dos grupos mayoritarios, el PSOE y el PP, cuyas relaciones atraviesan actualmente uno de sus peores momentos.