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Tribunal egipcio aplaza 4 polémicos casos, entre ellos disolución Parlamento



    El Cairo, 26 jun (EFE).- El Tribunal Supremo Administrativo de Egipto aplazó hoy su fallo sobre cuatro polémicos casos en el centro de la contienda política entre los Hermanos Musulmanes y la Junta Militar, entre ellos la disolución de la Cámara Baja del Parlamento.

    Según la agencia oficial de noticias Mena, la audiencia sobre el caso que afecta a la Asamblea del Pueblo o Cámara Baja fue aplazada al próximo 9 de julio.

    El pasado 14 de junio, la Corte Constitucional falló que la ley que reguló las elecciones legislativas era anticonstitucional, por lo que decretó la disolución de la Cámara Baja, aunque la denuncia presentada alega que ese tribunal no es competente para ordenar su disolución.

    Según la web del diario estatal "Al Ahram", el Tribunal también aplazó al 10 de julio el fallo sobre las enmiendas constitucionales aprobadas por la Junta Militar tras las elecciones presidenciales, que le otorgan atribuciones ejecutivas y el poder legislativo hasta que haya nuevo Parlamento.

    De igual forma, la corte retrasó hasta el 10 de julio su dictamen acerca de la legalidad en la formación de la Shura o Cámara Alta, que también ha sido puesta en duda.

    El tribunal ha pospuesto, además, hasta el 4 de septiembre la causa sobre la composición de la Asamblea Constituyente, encargada de redactar una nueva Carta Magna y que está controlada en su mayor parte por las fuerzas islamistas.

    Los Hermanos Musulmanes mantienen una acampada y protestas diarias contra las últimas decisiones de la Junta Militar y el Tribunal Constitucional en la cairota plaza Tahrir, que han continuado incluso después de que su representante Mohamed Mursi fuera proclamado ganador de los comicios presidenciales.

    Además, el Tribunal Supremo Administrativo ordenó este martes suspender la aplicación de una reciente decisión gubernamental que autorizaba a los miembros de la Policía Militar y de los servicios de Inteligencia del Ejército detener a civiles por delitos de derecho común.

    Este fallo responde a las denuncias presentadas por activistas y defensores de derechos humanos, que impugnaron el decreto emitido por el Ministerio de Justicia hace dos semanas y que otorgaba esa prerrogativa a los militares.