Bolsa, mercados y cotizaciones

Agbar obtiene 586 millones para pujar por la desaladora de El Prat y pagar la OPA sobre Bristol Water



    La compañía Aguas de Barcelona (Agbar) ingresará con la venta de Applus+ un total de 586,1 millones de euros, que destinará a nuevos proyectos relacionados con el negocio del agua y de la salud.

    Agbar, Unión Fenosa y Caja Madrid -socios en Applus+- anunciaron hoy un principio de acuerdo con el fondo de inversión británico Candover Partners Limited para la venta del 100% de la compañía de certificación e inspección de vehículos por 915,5 millones. De esta cantidad, Agbar recibirá 486,1 millones (el equivalente al 53,1% que controla de Applus+), además de 100 millones adicionales por ceder el control de la compañía; en total los citados 586 millones.

    Un portavoz de Agbar no quiso revelar el destino de los recursos, remitiéndose al comunicado de la CNMV en que la compañía que preside Jordi Mercader afirma que el dinero servirá para "obtener fondos suficientes para afrontar el crecimiento previsto en los sectores de agua y salud, y consolidar la salud financiera del grupo".

    Inversiones en nuevos proyectos

    Fuentes financieras del sector explicaron que Agbar destinará los recursos por la venta de Applus+ a "invertir" en proyectos en marcha como el concurso por la desaladora de El Prat del Llobregat (Barcelona), la segunda mayor de España, que supondrá una inversión de 238 millones.

    Agbar también tendrá liquidez para financiar la OPA lanzada sobre el 100% de la británica Bristol Water, una operación valorada en 246 millones, que se pagará en efectivo. La compañía abastece a un millón de personas en varias poblaciones del norte de Londres. En su día, Agbar destacó la madurez del mercado y la seguridad jurídica de la operación. Supuso un giro estratégico en sus inversiones orientadas hasta ahora en Sudamérica.

    Oferta de Candover

    Los socios de Applus+ recibieron "hace dos meses" la oferta de Candover , según fuentes conocedoras de las negociaciones. "Fue una buena oferta difícil de rechazar", añadieron. Agbar negoció bilateralmente, sin la intervención de bancos de negocios, y cerraron pronto la operación. En ningún caso se abrió un concurso ni un procedimiento restringido de ofertas.

    Agbar valoró el 100% de Applus+ en 700 millones de euros a finales de 2005, cuando dio entrada en su accionariado a Caja Madrid. A esta cantidad, sumó 300 millones en calidad de intangibles, según consta en la memoria de la compañía aprobada en la última junta de accionistas. El valor contable de Applus+ en los libros de Agbar es de 122,2 millones.

    Los citados medios financieros indicaron que los recursos generados por la venta de Applus+ se destinarán también a los planes de negocio de Adeslas, aseguradora de salud donde Agbar tiene la mayoría del capital. Además, Agbar no se desvinculará completamente del negocio de la certificación de vehículos e inspección de agua.

    Opción de compra

    La compañía que preside Jordi Mercader, que sustituyó a Ricard Fornesa, se ha reservado una opción de compra sobre tres filiales de Applus+ por un importe global de 7,67 millones. Así, podrá adquirir el 58,7% de Labaqua (laboratorios dedicados principalmente al control de la calidad del agua), el 70% de Applus Airon Technic (compañía checa de ingeniería del automóvil) y el 67% de Idiada Automotive Technologies.

    Esta última sociedad es una empresa de ingeniería del automóvil que actualmente es propiedad de Applus+ en un 80% y el restante 20% es de la Generalitat, por lo que si Agbar toma el 67% a través de su opción de compra, la británica Candover pasará a tener una participación minoritaria del 13%, explicaron fuentes de Agbar.

    Donde ya no operará Agbar será en el negocio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), un sector 'maldito' desde que el anterior gobierno de CiU decidiera prorrogar las concesiones y el tripartito las anulara. Precisamente ayer, la Generalitat prorrogó por un plazo de 18 meses las concesiones a la espera de una legislación definitiva sobre seguridad industrial. La cuestión sigue en los tribunales.