Banca tendrá que asumir pérdidas de activos tóxicos no cubiertas

"El sector financiero español tendrá que asumir pérdidas adicionales más allá de las cubiertas por la nueva normativa", explicó esta fuente, que agregó que ese punto ya estaba decidido aunque todavía se estaba trabajando en la fórmula definitiva.

Esta sería la fórmula de financiación utilizada para las sociedades inmobiliarias especiales que el Gobierno está estudiando para que los bancos segreguen sus activos inmobiliarios tóxicos con el fin de convencer a los inversores de que la banca española no necesitará un rescate, según informaron esta semana tres fuentes financieras a Reuters.

El vehículo especial debería estar en marcha para el verano, pero la forma y los detalles finales están siendo objeto de estudio por parte de los bancos y el Gobierno, según dijo una fuente. Estas sociedades inmobiliarias se disolverían en 10 años.

La fuente del Gobierno señaló el viernes que corresponde las entidades proponer el modelo de segregación de activos al Ministerio de Economía y que las fórmulas a adoptar podrían ser diferentes según las características de cada entidad.

En la actualidad, el sector bancario español se encuentra en pleno proceso de reestructuración después de que el Gobierno aprobara en febrero una normativa que obliga a la banca a afrontar la depreciación de los activos inmobiliarios con unas nuevas exigencias por provisiones y capital por importe de unos 54.000 millones de euros.

La nueva legislación contempla unas coberturas medias para activos problemáticos de un 60 por ciento y de hasta el 80 por ciento en el caso del suelo.

El mercado alberga serias dudas de que estas coberturas sean suficientes para afrontar depreciaciones adicionales en el actual escenario de recesión y con unos niveles de morosidad en niveles récord desde 1994.

Goldman Sachs y otros expertos estiman necesidades de capital de algo más de unos 50.000 millones de euros adicionales a las estipuladas en la reforma actual en un escenario económico deteriorado.

El Ejecutivo aprobó esta legislación en un intento por recuperar la confianza de los inversores internacionales en el sector bancario español, cuyo principal talón de Aquiles es precisamente el negocio del ladrillo, donde tiene unos 184.000 millones de activos problemáticos, según los datos más recientes del Banco de España.

Ahora mismo, la banca española trabaja en distintas fórmulas para sufragar el coste de las próximas subastas de cajas nacionalizadas, incluida la posibilidad de adelantar aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

En el mercado se considera que los algo más de 2.000 millones de euros de los que todavía dispondría el FGD -- un fondo que se nutre de las aportaciones de entidades privadas y que cuenta con capacidad de endeudamiento -- tras las ayudas aportadas en CAM y Unnim no serían suficientes para financiar las eventuales subastas pendientes de tres entidades españolas.

/Por Julien Toyer y Andrés González/