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Economía/Empresas.- Anged pide al Gobierno "reglas justas" para competir y denuncia los "intereses" de leyes autonómicas



    Reclama a la Administración central y autonómica "que sustituya la imposición por el diálogo"

    MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

    El presidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Juan Manuel de Mingo, reclamó hoy al Gobierno "reglas justas e igualitarias" para el gran comercio que permitan planificar las inversiones a medio y largo plazo, al tiempo que criticó "el carácter sorpresivo" de las leyes autonómicas, "que se cambian en función de intereses coyunturales".

    De Mingo trasladó así en la asamblea general de Anged al secretario de Estado de Economía, David Vegara, las reivindicaciones de la patronal de la distribución, que considera "perjudicial y discriminatoria" la actual política comercial y defiende los intereses de El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski, Ikea y Cortefiel, entre otras empresas.

    "No pedimos subvenciones ni desgravaciones, pedimos reglas justas, igualitarias, que nos permitan competir y ofrecer a los consumidores libertad de elección y calidad de servicio", dijo De Mingo, para solicitar a la Administración central y autonómica "que continúe el débil proceso de cambio y sustituya la imposición por el diálogo".

    A su parecer, la legislación actual "es una regulación en negativo" que se justifica en la defensa del pequeño comercio mediante prohibiciones a la gran distribución, tanto a través de las restricciones a la implantación de establecimientos como mediante la limitación de horarios de apertura.

    La defensa del pequeño comercio es "un tópico" amparado en "falsas proclamas de interés general", consideró. "La decisión de favorecer al pequeño comercio es legítima, el problema es que el procedimiento sea burdo y poco imaginativo, ignorante de nuevos mecanismos de regulación sin perjudicar a los consumidores", agregó.

    En su sombría visión del panorama comercial, De Mingo insistió en que esta actividad económica "está fuertemente intervenida" y en que la diversidad de legislaciones autonómicas supone "una quiebra de la certeza jurídica necesaria" para que las grandes superficies acometan inversiones de larga maduración.

    DECISIONES SIN RIGOR CONSTITUCIONAL.

    Para De Mingo, "prácticamente, todas las actuaciones empresariales están planificadas y controladas por la Administración", en un proceso en el que se ha sustituido la iniciativa empresarial o las preferencias del consumidor por una decisión administrativa "carente del rigor constitucional que define y ampara las libertades del ejercicio del comercio".

    Aunque en la actualidad sólo Cataluña y Baleares practican las moratorias, el intervencionismo económico de los gobiernos regionales "está creando nuevas obligaciones, caprichosas y exorbitantes que de hecho están manteniendo una política restrictiva de aperturas, como moratorias encubiertas", aseveró el presidente de la patronal.

    SECTOR "INFRAUTILIZADO".

    Según Anged, la gran distribución "se encuentra por debajo de sus posibilidades" de creación de empleo, inversión y mejoras de productividad. "Sin exagerar, podemos afirmar que nuestro sector está infrautilizado", aseveró De Mingo, si bien expresó su esperanza de que la futura directiva de liberalización de servicios "eliminará algunas de las barreras que se han ido estableciendo en España".

    No obstante, agradeció al Gobierno la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional el impuesto sobre grandes superficies de Aragón, por considerar que además de reaccionar "a una norma profundamente injusta", el Ejecutivo expresa así su apoyo a una linea de política económica que prima la productividad de las empresas en vez de perjudicarla.

    FRENO A LAS INVERSIONES.

    Los socios de Anged invirtieron en su conjunto 2.090 millones de euros en 2005, lo que significa un crecimiento del 0,9% en relación al año anterior, aunque se sitúa por debajo de los 2.144 millones invertidos en 2003, comportamiento que la patronal atribuye a la negativa de conceder licencias de apertura por parte de comunidades autónomas.

    Las ventas del gran comercio alcanzaron 37.730 millones de euros el pasado año, lo que supone un aumento del 4,5% frente a 2004, y se crearon 9.582 nuevos empleos, un 4,4% más, mientras que se incorporaron 429.000 metros cuadrados de nueva superficie de venta (+7,4%) con la apertura de 15 grandes superficies entre hipermercados y almacenes.