Fiscal mantiene petición de seis años de prisión para cinco de los acusados

En su última intervención, el fiscal jefe provincial, José Antonio Romero, anunció que no pondrá "trabas" si el tribunal acuerda aplicar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas solicitada por la abogada de la acusada María del Carmen Radúan.

"La Justicia debería haber sido más diligente y fallado ya esta cuestión, pero quiero resaltar la enormidad del proceso", indicó el fiscal, quien recordó que el Código Penal de 1973 obligaba a acabar con la quiebra civil antes de iniciar la penal.

En su informe oral, Romero atribuyó la quiebra de la entidad a "balances maquillados", no cobrar las deudas, ilegalidad en los libros de cuentas, concesión de préstamos sin garantías y "sustracción de fondos desde dentro".

Se refirió así al préstamo recibido por el ex director de la sucursal, Jesús Lidiano Llopis Jordá, un día antes de la suspensión de pagos para evitar un descubierto que, a su juicio, es una operación que muestra "cómo se perjudica a la masa de acreedores".

Concluyó en que todas las operaciones crediticias llevaban la implicación del ex director general, Jesús Llopis Jordá, que concedía préstamos inferiores a 72.000 euros para "eludir el control del consejo rector", y de la ex subdirectora, Mercedes Llopis Candela, que firmó parte de ellas.

Destacado la colaboración de Llopis para la "sustracción" de algunas cantidades y, respecto a los dos miembros del consejo rector a los que acusa, justificó esta decisión en su participación en la operación Tarrac-Proaltea de concesión irregulares de préstamos por unos terrenos.

La acusación particular ha mantenido el delito de insolvencia punible para los diez procesados y ha pedido seis años de prisión y una multa de 288.000 euros, pero modificó la responsabilidad civil hasta 2,88 millones de euros.

Asimismo, ha limitado el delito de apropiación indebida, con pena de un año de cárcel, al ex director, la ex subdirectora y los ex miembros del consejo rector María del Carmen Radúan y Angel Lidiano Llopis.

Las defensas de los acusados mantuvieron las conclusiones de absolución de sus clientes, si bien la del ex director general, Jesús Llopis Ferrer, y la del director de la sucursal, Jesús Llopis Jordá, pidieron la prescripción de los delitos de ambos por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, algo que ha rechazado el fiscal.

En la sesión de hoy han vuelto a declarar como peritos el comisario de la quiebra de la entidad y los síndicos apoderados, uno de los cuales, José Reig, ha indicado que el 42 por ciento de la deuda de la Caja estaba concentrada en cinco empresas o familias, lo que suponía "una gran concentración de riesgos".

Además, ha precisado que el dinero recuperado tras la quiebra y hasta noviembre de 2007 asciende a 1,2 millones de euros, de los que "885.456 corresponden al principal que se adeudaba y 401.885, a costas e intereses". EFECOM

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