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Economía/Consumo.- La UCE denuncia a los principales fabricantes de electrónica por incumplir la ley de garantías
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Unión de Consumidores de España (UCE) ha denunciado ante la Dirección de Consumo de Madrid y la Agència Catalana del Consum a los fabricantes de electrónica Sony, Philips, Samsung, HP y Toshiba por incumplimiento "sistemático" de la Ley de Garantías de Bienes de Consumo. Asimismo, la organización estudia los casos de Kodak y Airis, contra las que presentará denuncia próximamente.
En rueda de prensa, el portavoz de UCE, Dacio Alonso, explicó que tanto en las páginas web como en los documentos contractuales que ofrecen dichas compañías sólo se está ofreciendo un año de garantía para sus productos. "Esta actitud pone de manifiesto su desprecio a los derechos de los consumidores", señaló.
La legislación actual, vigente desde 2003, obliga a los distribuidores y a los fabricantes a ofrecer una garantía mínima de dos años en los productos de venta en el mercado español. Además, en caso de manifestarse un problema en los seis primeros meses, el vendedor debe repararlo, cambiar el producto si la reparación no fuera satisfactoria o devolver el dinero si la sustitución del producto no fuera posible.
En este sentido, Alonso aseguró que el derecho de sustitución tampoco se está cumpliendo por parte de los distribuidores, y que la única solución que éstos ofrecen a los consumidores es la de la reparación. "Hemos tenido casos en los que se ha llegado a mandar un teléfono móvil hasta 20 veces al servicio de reparación porque el vendedor se negaba a sustituirlo", indicó.
La Ley de Garantías recoge que el primer responsable ante el consumidor es el vendedor y, en segundo lugar, el fabricante. Así, el portavoz de UCE subrayó que hay una "gran complicidad" entre ambos colectivos, y que la mayor parte de los problemas se dan en grandes superficies.
LISTA NEGRA DE LOS QUE INCUMPLEN LA LEY
Además de denunciar a estas empresas, la UCE presentará a finales de enero una "lista negra" donde se recogerán los nombres de los fabricantes y distribuidores que, según las reclamaciones y documentación recabadas por la organización, incumplen la ley.
"Si la sanción que se impone a estas compañías no es muy relevante, les puede salir más rentable pagar la multa", aseguró Alonso. Por ello, desde la organización también estudian llevar estos casos a los tribunales.
Finalmente, desde UCE se ha exigido al Gobierno la transposición "inmediata" al ordenamiento jurídico español de la Directiva comunitaria que regula las malas prácticas de las empresas con los consumidores y que debía estar incorporada desde junio de 2007.