Los sindicatos convocan huelga en Aena para Semana Santa, mayo y verano

Tanto Aena como el Gobierno, los partidos políticos, los consumidores y algunos ejecutivos autonómicos han alertado de los perjuicios que acarrearía la huelga y han expresado su confianza en lograr una solución negociada, opción por la que también dicen apostar los sindicatos convocantes.

La convocatoria se produce tres meses después de la huelga encubierta de los controladores, que provocó la declaración del estado de alarma.

Los sindicatos han presentado esta mañana su calendario de paros en el Ministerio de Trabajo, que incluye los días 20, 21, 24, 25 y 30 de abril; 2, 14, 15, 19 y 20 de mayo; 13, 23 y 30 de junio; 1, 2, 3, 4, 15 y 31 de julio; y 1, 15 y 31 de agosto.

La huelga afecta a un 71 % de la plantilla, 9.600 trabajadores, ya que los controladores tienen su propio convenio y, además, hay contratos temporales que pueden expirar antes de que se produzcan los paros.

Los convocantes, que protestan contra la privatización de Aena y piden un convenio único, han acusado al ministro de Fomento, José Blanco, de mentir por decir que está negociando.

Tras comparecer en el Senado, Blanco, se ha mostrado dispuesto a "suscribir" el mantenimiento del empleo en Aena "garantizando todos los derechos a los trabajadores".

El titular de Fomento ha asegurado que Aena "va a seguir siendo una empresa pública" y que el Ministerio va a poner "todo el empeño y determinación" para llegar a un acuerdo con los sindicatos.

También ha apostado por el diálogo el presidente de Aena, Juan Lema, quién ha anunciado la convocatoria de una reunión con los sindicatos para este mismo jueves.

Lema ha asegurado que la huelga es "el peor de los escenarios posibles", que "nadie saldría beneficiado" de ella y que los paros "afectarían gravemente" al sector turístico.

Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso, ha ratificado las palabras de Lema y ha mostrado su confianza en una solución dialogada. "No como hace el PP, que intenta siempre buscar cancha y obtener capital político con los problemas", ha agregado.

La posición del PP la ha expuesto su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha pedido la comparecencia urgente de Blanco en la Cámara Baja y le ha instado a adoptar medidas que eviten la huelga. "Antes del conflicto y no después, como nos viene acostumbrando", ha apostillado.

Por el contrario, los portavoces de IU y ICV en el Congreso, Gaspar Llamazares y Nuria Buenaventura, han reafirmado su posición contraria a la privatización de Aena y han mostrado su respaldo a los trabajadores, que han convocado una "cacerolada" mañana en la T2 del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Algunas organizaciones del sector del transporte aéreo han manifestado su descontento con la convocatoria de los sindicatos.

Las patronales ACETA, ACA y AECA han reclamado rapidez en la negociación para evitar pérdidas irreparables y la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha anunciado que pedirá a la Dirección General de la Aviación Civil que "haga todo lo posible para que no se produzcan".

La aerolínea Ryanair ha pedido medidas a la UE para que los aeropuertos europeos no sufran retrasos y su presidente, Michael O'Leary, ha asegurado que deben evitarse los paros, que ha calificado de "egoístas".

La Mesa del Turismo ha hecho hincapié en que la convocatoria puede desbaratar "la tímida recuperación del sector" y el presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (AEDAVE), José Manuel Maciñeras, la ha calificado de "chantaje a todo un país".

La Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte aéreo (ASETRA) ha pedido a la Fiscalía General del Estado que vele por los derechos de los usuarios y depure responsabilidades en caso de que la huelga cause graves perjuicios a los ciudadanos.

Los gobiernos autonómicos insulares también han mostrado su preocupación a través del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y del Conseller de Medio Ambiente y Movilidad de Baleares, Gabriel Vicens, quienes han coincidido en afirmar que las movilizaciones afectarían a la economía de los archipiélagos.

Rivero ha exigido al Gobierno unos servicios mínimos "del cien por cien" en los aeropuertos canarios, mientras que Vicens ha pedido "responsabilidad" a las partes negociadoras para evitar la huelga.