El Congreso panameño aprueba las reformas del código minero pese al rechazo

El documento fue aprobado con 42 votos a favor y 15 en contra, en un parlamento dominado por el oficialismo.

"Esto no ha terminado, sólo está comenzando. Vamos a cerrar todas las calles para que el gobierno aprenda a respetar los territorios indígenas", dijo a los periodistas el presidente de la coordinadora nacional de indígenas, Rogelio Moreno, tras la aprobación del proyecto.

"Ya se aprobaron las reformas, por lo que no nos queda más que defender en la calle hasta las últimas consecuencias nuestros derechos y recursos minerales, porque el gobierno no nos ha escuchado", dijo a la AFP el presidente de la Comarca indígena Ngöbe-Buglé, Pedro Rodríguez. "El mensaje es claro al gobierno: que si es el momento de derramar la sangre, vamos a hacerlo, porque vamos a defender el derecho de nosotros hasta las últimas consecuencias, porque ya no nos quedan más medios", dijo Rodríguez.

Tras la aprobación legislativa del proyecto se produjeron incidentes entre policías e indígenas que se encontraban protestando en los predios del Congreso, así como en la universidad estatal, donde fueron suspendidas las clases para evitar nuevos incidentes.

"Aquí hay una mala información de grupos políticos. Tengo informaciones que hasta personas extranjeras están azuzando a los indígenas", aseguró a un canal de televisión el presidente del Congreso, José Muñoz, del gobernante partido Cambio Democrático.

La iniciativa del presidente Ricardo Martinelli busca incentivar la inversión extranjera, atrayendo, en especial, empresas de Corea del Sur, Singapur y Canadá, que ya mostraron interés en el negocio minero panameño. La minería se podría convertir en la segunda fuente de ingresos estatales, por debaje del canal interoceánico, afirma el mandatario. Estimaciones oficiales cifran en unos 400 millones de dólares las eventuales ganancias por ceder a empresas transnacionales la explotación de yacimientos mineros en territorio panameño.

Por su parte, la oposición acusa al gobierno de intransigencia y de no querer escuchar los argumentos de los pueblos indígenas y de los grupos ambientalista.

"El gobierno de Ricardo Martinelli no entiende que las cosas se tienen que consultar y que las leyes no se pueden pasar por encima de la población", aseguró a comienzos de semana el líder opositor Mitchel Doens, del Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata).

"Hay un ambiente muy enconado y de suma preocupación", afirmó el defensor del pueblo, Ricardo Vargas, quien días atrás pidió una moratoria de las reformas. "Hay que dialogar y hay que consultar y tenemos que abrir esos espacios para llegar a consensos en temas de tanto impacto en una industria tan contaminante como es la minería", añadió Vargas.

Según diversos sondeos y encuestas, la mayoría de panameños rechaza las reformas del código minero, al entender que una mayor actividad minera sería fatal para el medio ambiente y supondría la cesión de la riqueza que hay en los territorios indígenas a compañías extranjeras. En ese marco, el gobierno anunció el miércoles la creación de una comisión presidencial para hablar con los indígenas, algo que estos rechazan por considerarlo "una burla".

Según grupos ambientalistas, el 40% del territorio panameño está sometido a solicitudes de concesiones mineras.