Sindicatos y empresarios creen que los recortes destruirán unos 115.000 empleos

El ministro de Fomento, José Blanco, anunció hoy en el Congreso de los Diputados que va a dejar en suspenso 18 contratos, por un importe de 926 millones, mientras que va a replantear otros 199, que ascienden a 8.700 millones, con lo que se verá afectado de alguna manera cerca del 30% de la inversión total vigente.

La respuesta de CCOO y UGT ha sido pedir a Blanco otras "alternativas", ya que sus recortes estiman que dejarán sin empleo a entre 95.000 y 115.000 trabajadores del sector de la construcción.

En declaraciones a Efe fuentes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) expresaron su preocupación porque el número de afectados también sea alto, ya que lo sitúan entre 75.000 y 100.000 empleos en el sector.

Para el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, la decisión de Blanco de reducir la inversión pública sólo servirá para "consolidar la tendencia creciente de mantenimiento del riesgo de destrucción de empleo".

Entretanto, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) recordó al Gobierno que tiene otras alternativas para disminuir el gasto público: reducir el número de funcionarios, empezando por los menos productivos, permitir la participación de empresas privadas en la prestación de servicios públicos o la privatización de empresas públicas deficitarias.

Desde el PP, el responsable de Economía, Cristóbal Montoro, ha considerado que los ajustes del Gobierno son "muy negativos", ya que resulta necesaria la inversión pública para propiciar el crecimiento de la economía y la creación de empleo.

Al respecto, destacó que cuando el PP estuvo en el Gobierno tuvo que reducir el déficit público para converger con Europa y lo hizo "compatible" con la promoción de la inversión pública, "porque sin ella nos falla el crecimiento y, lo que es peor, la creación de empleo".

Responsables políticos y económicos de las cuatro comunidades autónomas más perjudicadas -Cataluña, Cantabria, Aragón y Castilla y León- han criticado la decisión del Ministerio de Fomento y han reclamado explicaciones.

Así, la Generalitat catalana ha pedido la apertura de un proceso de negociación para encontrar pronto una solución a los proyectos cancelados.

Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha calificado de "error" el recorte, ha lamentado que la región haya sido una de las "más perjudicadas" y ha confiado en que no suponga "una contra-compensación" por el reinicio de las obras del tren de alta velocidad.

Mientras tanto, los partidos aragoneses han calificado de inaceptables los recortes, al considerar que perjudican un eje fundamental para el desarrollo socio-económico de la comunidad, la futura autovía Huesca-Pamplona.

En otra de las comunidades más afectadas, Castilla y León, las cámaras de Comercio e Industria han advertido de que los recortes conllevarán en la Comunidad la pérdida de unos 350 millones de euros en inversiones y de "miles" de empleos.

La respuesta del secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Víctor Morlán, es que los criterios del Ministerio para el ajuste de las infraestructuras son "iguales para todas".

No opina lo mismo el vicepresidente de la comunidad autónoma de Madrid, Ignacio González, quien cree que lo planteado para la región forma parte de la "política sectaria, inadmisible y partidaria" de Rodríguez Zapatero, que ha "decidido no poner ni un euro" en obra nueva.