Zapatero impone manu militari suprimir los blindajes de las cotizadas

"El Estado soy yo". Esta frase atribuida a Luis XIV, parece inspirar ahora la política del presidente Rodríguez Zapatero. O, al menos, eso es lo que se desprende de la tramitación de la enmienda introducida por el Grupo Socialista a la Ley de Sociedades Anónimas por la que se elimina la limitación al número máximo de votos que puedan emitir los accionistas, además de suprimir los cláusulas estatutarias o "blindajes" de las sociedades cotizadas en las que se establezca esta limitación.

La enmienda, que supone dar vía libre a las ofertas públicas de adquisición (las llamadas opas hostiles) ha abierto un nuevo frente interno en el Gobierno y el PSOE, donde confirman que nadie en el Grupo Parlamentario, excepto el portavoz, José Antonio Alonso, conocía la medida, que se incorporó en el último momento y por orden directa de Moncloa.

Pero Zapatero no sólo ha ignorado a su partido. También lo ha hecho con la mayoría de los miembros del Gobierno, incluida la propia vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, que ni fue consultada, ni se lo esperaba.

Dirigentes socialistas, que no ocultan el malestar de la propia Salgado y de su equipo, recordaban ayer las declaraciones del ex ministro de Economía, Carlos Solchaga, hace unos meses en las que acusaba a Zapatero de tratar a sus ministros "como a secretarias".

Desde el otro lado del espectro político, se limitan a constatar que materializarán su contestación a la medida en los próximos días, como hace el Grupo Popular; mientras que en CiU admiten que todavía no tienen una posición definida.

Más explícitas son las opiniones del mundo empresarial, que califican la decisión de Zapatero de "medida puntual" para apoyar las aspiraciones de ACS (ACS.MC) y Sacyr (SYV.MC) en Iberdrola (IBE.MC) y en Repsol (REP.MC).

La ley para 'asaltar' Iberdrola y Repsol

La intención de eliminar los blindajes de las empresas, a través de una enmienda del Grupo Socialista, ha caído como un jarro de agua fría en algunas compañías. ¿Por qué? Esta posible modificación en la Ley de Sociedades Anónimas puede desmontar la estructura de las empresas como si fuera un castillo de naipes.

Las principales compañías afectadas por la posible reforma son Repsol YPF, Iberdrola, Telefónica, Banco Popular y Sabadell, que tienen accionistas que sólo pueden votar por el 10%, al margen de la participación que realmente tengan en sus manos. Por su parte, Red Eléctrica y Enagás, los gestores de las redes energéticas, tienen sus derechos de voto limitados al 3 por ciento.

Sin embargo, en Repsol y en Iberdrola es donde la medida puede tener más transcendencia, debido a la lucha interna que libran sus presidentes, Antonio Brufau e Ignacio Sánchez Galán, con sus principales accionistas, Sacyr y ACS, respectivamente.

El programa electoral del Grupo Socialista ya recogía la propuesta de suprimir esta limitación. Sin embargo, el momento en el que se ha realizado la enmienda para modificar la Ley de Sociedades Anónimas ha sorprendido a todos, incluso a responsables del Ministerio de Economía y del propio Gobierno.

Y es que este tipo de movimientos nunca son gratuitos. De hecho, la tramitación se produce en un momento en el que Sacyr y ACS pugnan por ver mejor reflejadas sus participaciones en Repsol e Iberdrola, donde se han encontrado con la resistencia de sus presidentes. De un lado y de otro mantienen las espadas en alto, pero si prospera la reforma, la balanza se situaría a favor de las constructoras, que son presididas por los empresarios Luis del Rivero y Florentino Pérez.

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