El Gobierno estudia informe de Economía sobre intermediarios financieros

Madrid, 30 mar (EFECOM).- El Consejo de Ministros estudia un informe remitido por el Ministerio de Economía sobre el anteproyecto de ley que modifica la Ley 13/1985 que regula los coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros.

Así lo informó hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que explicó que el objetivo de esta norma es trasladar a las entidades financieras españolas el nuevo acuerdo internacional de capital conocido como Basilea II.

El anteproyecto, que será remitido al Consejo de Estado para su dictamen preceptivo, pretende también que las empresas que operan en el sector financiero respondan a unos requisitos de solvencia y transparencia.

Su finalidad es ajustar los requisitos mínimos de recursos propios de las entidades financieras a sus verdaderas necesidades y riesgos y lograr una mayor convergencia y efectividad de los criterios de solvencia y de supervisión prudencial, y menores riesgos para los consumidores y la estabilidad financiera.

Este Anteproyecto de Ley transpone a la normativa española una Directiva comunitaria de 2006 y se sustenta en tres pilares: requisitos de recursos propios -con especial énfasis en la adopción de reglas uniformes-, proceso de examen supervisor -que establece una supervisión más personalizada-, y disciplina de mercado -que pretende la adopción de mejores prácticas e incrementar la confianza del inversor-.

En cuanto a los requisitos de recursos propios mínimos, el texto enumera un amplio abanico de los riesgos que han de cubrir las entidades financieras y pone a disposición de las entidades una serie de métodos a la hora de medir esos riesgos en función de su tamaño, grado de sofisticación y complejidad de su actividad.

El Banco de España será quien determine las condiciones necesarias para la utilización de los métodos más avanzados de medición del riesgo.

También obliga a las entidades de crédito a poner en marcha procedimientos internos de evaluación de la adecuación de capital.

Además, obliga a las entidades de crédito a divulgar en el mercado información sobre los aspectos clave de su perfil de negocio, exposición al riesgo y formas de gestión del mismo, con el fin de alentar la adopción de mejores prácticas y aumentar la confianza del inversor.

Por último, el Anteproyecto de Ley refuerza la capacidad del Banco de España en la promoción de buenas prácticas en relación con la normativa de ordenación y disciplina de las entidades de crédito.

En este sentido, se atribuye al Banco de España la capacidad de elaborar y publicar guías dirigidas a las entidades, con el fin de orientarlas acerca de los criterios que seguirá el propio Banco de España en los ámbitos de su discrecionalidad. EFECOM

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