La mano alargada del Gobierno se cuela en la bolsa

No sólo porque en el mercado se especula con que Joan Clos, ministro de Industria, se reunió con los directivos de la eléctrica italiana Enel (ENEL.IT) antes de que entrase en el capital de Endesa (ELE.MC), sino porque además el Ejecutivo tiene participaciones directas en compañías españolas.

Posición estratégica

A través de la Sepi, el organismo público encargado de gestionar estas participaciones, controla un 2,95 por ciento de la eléctrica presidida por Manuel Pizarro. Un porcentaje que además de estratégico, deja al descubierto cuál es la posición del ejecutivo en esta rocambolesca operación. Al no acudir a la opa lanzada por E.ON , se posiciona en contra de la postura del Consejo de Administración de Endesa y se alinea con los Entrecanales y Enel.

Sin embargo, ésta no es la única llave que tiene el Gobierno en las sociedades cotizadas. La Sepi también controla el 20 por ciento de Red Eléctrica (REE.MC) y el 5,19 por ciento de Iberia (IBLA.MC), unos porcentajes que se convierten en vitales si alguna empresa extranjera se decanta por lanzar una oferta por estas compañías.

Marcando la presidencia

Indiferentemente de qué partido político esté en el poder, a los gobernantes les resulta tentador influir en la vida empresarial y financiera. En ocasiones, su mano se deja notar en el nombramiento de presidentes. Así, y por citar algunos ejemplos, en las legislaturas en las que el Partido Popular ocupó la Moncloa -entre 1996 y 2004-, Manuel Pizarro llegó a la presidencia de Endesa; Juan Villalonga, a la de Telefónica; o Francisco González a la de Argentaria -antes de fusionarse con BBV-. Todas ellas son personas próximas al partido que tiene sede en la calle Génova.

Posteriormente, cuando el PSOE llegó al poder también influyó en el relevo del presidente de Repsol, Alfonso Cortina que fue sustituido por Antonio Brufau. La sombra del asesor económico de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, también flotó detrás de los intentos por cambiar al presidente de BBVA, Francisco González.

Cambios en la legislación

Otras veces, la autoridad de los gobernantes se manifiesta en nuevas legislaciones o medidas ministeriales, que acaban repercutiendo en los resultados económicos de las compañías. De forma indirecta, el Estado ha traído de cabeza a las empresas de distribución de energía. El caso más claro se pudo ver en diciembre cuando el Ministerio de Industria anunció que cambiaría la forma de retribuir las inversiones en infraestructuras de gasistas, regasificadoras y gaseoductos. Con la nueva regulación, la rentabilidad que Enagás (ENG.MC) consigue podría rondar el 7 por ciento, frente al 7,8 por ciento del anterior modelo.

Este cambio provocó que las acciones de la compañía cayesen un 6,82 por ciento en diciembre, colocándose con diferencia como el peor valor del Ibex 35. Algunos expertos consideran que este cambio le costó la presidencia a Antonio González-Adalid, que fue sustituido por Antonio Llardén. "Creemos que este relevo en la presidencia de la empresa puede ser positivo al mejorar la interlocución entre la compañía y los organismos reguladores", comentó Ahorro Corporación en un informe.

Por si fuera poco, fuentes cercanas a Llardén consideran que es un hombre cercano al presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla. Antes de tomar este puesto, era presidente de la patronal Sedigás y director general de Recursos de Gas Natural.

Otra de las compañías que también sufrió en 2006 las decisiones de los ministerios fue Altadis (ALT.MC). La política fiscal del Gobierno, que se negó durante meses a incrementar el impuesto mínimo por la venta de cigarrillos, provocó una guerra de precios en el mercado que ha dejado a la compañía en una situación complicada. Su beneficio neto cayó en 2006 un 21,5 por ciento, hasta 453 millones de euros. A este problema se unió que la empresa tuvo que hacer frente a la Ley Antitabaco, que también minimizó sus ventas en 2006. Con estas dos medidas sobre su negocio, las acciones de Altadis sólo subieron un 3,4 por ciento el año pasado, mientras que el principal índice ganó un 31,7 por ciento.

A por las tarifas

Además de estas dos medidas puntuales, el Estado interviene en dos sectores vitales para la economía del país, la electricidad y las telecomunicaciones, mediante la regulación de sus tarifas. Por un lado, deja su huella en el sector eléctrico, ya que fija cuánto se puede incrementar la tarifa de la luz al año. De hecho, a finales de diciembre estableció una subida del 3 por ciento, lo mismo que el IPC. Este hecho significa que persistirán algunos males endémicos que parecen acuciar a estas compañías, como el déficit de tarifa -diferencia en algunos momentos entre el precio de venta y el coste de generación-. Por ahora es el Estado paga este déficit, que alcanza casi los 4.000 millones.

Algo similar ocurre en el caso de la operadora Telefónica (TEF.MC). "En telefonía fija se regulan la cuota de abono mensual, las tarifas de interconexión y de alquiler de las redes de Telefónica, aunque este año se ha dado un paso liberalizando las tarifas en las llamadas de telefonía fija: locales, provinciales, interprovinciales e internacionales. Sin embargo, las operadoras en la telefonía móvil tienen mucha más independencia, donde la única tarifa relevante que se regula es la de terminación de llamadas en red móvil", explica Juan Carlos Acitores, experto de Ahorro Corporación.

Esta tasa es la que cobran los operadores de telefonía móvil a las otras empresas de sector por las llamadas que terminan en su red móvil (pueden ser llamadas que se hacen desde operadores fijos ó desde otros operadores móviles). Son cánones regulados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), un organismo que depende del Ministerio de Industria.

Energías renovables

Otras de las medidas que está dando suculentos ingresos al sector eólico es el fuerte impulso por parte del Gobierno de las energías renovables, con lo que España se ha convertido en el segundo mercado por potencia eólica del mundo. Esta medida ha tenido un impacto directo en Gamesa (GAM.MC), que ahora cotiza en máximos históricos, tras subir más de un 500 por ciento desde su estreno en el parqué en 2000. Esta compañía tiene una posición privilegiada en España, ya que tiene el 50 por ciento de la cuota de mercado, frente al 13 por ciento que tiene en el extranjero. Por si fuera poco, el Gobierno ha mejorado el escenario previsto, ya que anunció que incrementará el sistema retributivo del sector y quiere alcanzar 22.000 MW (megavatios) en 2010, por los 20.000 del anterior plan.

El Gobierno también ha creado una serie de blindajes para que tenga que dar la venia en el caso de que alguna empresa se interese por alguna española. Una de las más blindada es Red Eléctrica. La compañía tiene un veto en el que un accionista no puede superar más del 3 por ciento del capital. Esta limitación fue impuesta por un decreto en marzo de 2005. Además, para las compañías que realizan actividades en el sector de la electricidad -con un porcentaje superior al 5 por ciento en una empresa de este ámbito-, la limitación de comprar acciones de REE es del 1 por ciento. En el caso de Enagás, ningún accionista puede tener más del 5 por ciento.

Limitaciones similares, aunque menos restrictivas, se pueden ver tanto en el sector bancario como en el de telecomunicaciones. Cualquier participación significativa en alguna entidad tiene que ser comunicada al Banco de España. En Telefónica ningún accionista puede votar por más del 10 por ciento.