La puja en Argentina por el uso de reservas pone en el debate la autonomía del Banco Central

La crisis detonó cuando el presidente del Banco Central, Martín Redrado, se negó a girar al Tesoro 6.569 millones de dólares de las reservas para constituir un Fondo del Bicentenario destinado a garantizar el pago de deudas este año, cuya creación había sido decretada en diciembre pasado por la presidenta argentina, Cristina Fernández.

Ante la negativa, la mandataria cesó por decreto a Redrado, quien fue restituido en su cargo por una jueza que, además, frenó la constitución del millonario fondo.

La actitud de Redrado generó un amplio debate sobre los alcances de la autonomía de la autoridad monetaria, consagrada en la Carta Orgánica del Banco Central, que establece que "en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera" la entidad no está sujeta a "órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo".

Un debate económico y político no exento de tintes ideológicos, entre quienes defienden a rajatabla las "murallas chinas" entre Gobierno y Banco Central, y los que proponen cambios legales a la luz de la revisión mundial sobre las instituciones financieras suscitada por la crisis global o evalúan otros modelos de bancos centrales controlados por el Ejecutivo, como el caso de Japón.

Como sea, el oficialismo insiste en que la política monetaria es fijada por la presidenta y si el titular del Banco Central no la comparte, debe irse.

Pero Redrado resiste de momento en su sillón, pese a las presiones gubernamentales para que dimita, que incluyen una denuncia judicial por incumplimiento de los deberes del funcionario público y un recorte a su poder de maniobra, con un directorio que le es mayoritariamente adverso.

"Ellos creen que me matan, yo creo que se suicidan. Soy más duro de lo que parece", aseguró Redrado.

El economista se anotó este viernes una victoria cuando el juez de Nueva York Thomas Griesa suspendió un embargo dispuesto el martes a cuentas del Banco Central en la Reserva Federal de Estados Unidos por 1,7 millones de dólares solicitado por los fondos de inversión Elliot y Dart, que litigan por el cese de pago de bonos argentinos en 2001.

Por instrucción de Redrado, los abogados del Banco Central lograron demostrar que la entidad y el Tesoro no son sucedáneos, tal como alegaban los fondos.

Redrado explicó que fue "clave" en el caso demostrar la "independencia" con la que actúa el Banco Central y pidió al Parlamento argentino que se reúna cuanto antes para "defender" la autonomía de la entidad "porque sino todos los fondos" que el banco tiene depositados en diversos países "pueden estar en riesgo".

En el Legislativo, que debe pronunciarse sobre la validez de los dos decretos presidenciales sobre la creación del fondo y el cese de Redrado, persisten las diferencias sobre los tiempos para habilitar el debate.

La oposición pide al Ejecutivo que convoque a sesiones extraordinarias al Congreso, ahora en receso, para tratar el asunto, pero el oficialismo de momento prefiere que el debate se realice en el período ordinario, a partir de marzo.

El conflicto ha detonado una andanada de acusaciones cruzadas entre opositores y Gobierno, que cree ver maniobras de desestabilización política detrás de la negativa de Redrado, a quien acusa de ser un "okupa" del Banco Central y un socio de su principal rival político, el vicepresidente argentino, Julio Cobos, enfrentado a Fernández desde 2008.

En el plano económico, esta crisis ha complicado el lanzamiento de un canje destinado a acreedores con bonos argentinos impagos por 20.000 millones de dólares que se negaron a ingresar a la reestructuración de 2005, inversores a los que como paradoja el Gobierno pretendía darles "previsibilidad" y "garantía" a través del Fondo del Bicentenario.