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Economía/Macro.- El coste de la UE será de 26 céntimos de euro al día por persona durante el periodo 2007-2013
La Eurocámara, la Comisión y la presidencia austriaca rubrican el presupuesto comunitario para los próximos siete años
El PP español vota en contra porque considera que el acuerdo es "injusto para España"
ESTRASBURGO, 17 (EUROPA PRESS)
La Eurocámara, la Comisión y la presidencia austriaca de la UE rubricaron hoy de manera solemne el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2007-2013, que asciende a 864.400 millones de euros. El presidente del Parlamento, Josep Borrell, señaló que se trata de un acuerdo "de mínimos" respecto a las "ambiciones" manifestadas por los Veinticinco, que sitúa el coste de la UE en 26 céntimos de euro al día por persona durante los próximos siete años.
La ceremonia de firma --a la que asistieron la comisaria de Presupuestos, Dalia Grybauskaité, y el primer ministro austriaco y presidente de turno, Wolfgang Schüssel-- tuvo lugar después de que el pleno de la Eurocámara aprobara por 440 votos a favor, 190 en contra y 15 abstenciones el acuerdo interinstitucional que sustenta las perspectivas financieras.
"Se trata de un acuerdo que para muchos parlamentarios es de mínimos, pero que permite a UE funcionar y no añadir más problemas a los que ya tenemos", indicó Borrell. "El coste de la Unión Europea, de acuerdo con estas perspectivas, es de 26 céntimos de euros por día para cada europeo. No es seguramente demasiado para lo que la Unión consigue", añadió. No obstante, dijo que el actual sistema de negociación de los presupuestos "ha llegado a su límite" y abogó por "innovar" de cara a las próximas perspectivas financieras.
"Ha sido una situación de crisis pero hemos conseguido superarla", afirmó por su parte el canciller Schüssel. Destacó que con los nuevos presupuestos se consolida la estrategia de reformas económicas de Lisboa, y puso como ejemplo el incremento de fondos para las pequeñas y medianas empresas y para el programa de intercambio de estudiantes Erasmus. Asimismo, indicó que se cubren los gastos de la ampliación, incluyendo a Rumania y Bulgaria, con ayudas que son "dos veces superiores al plan Marshal de la posguerra".
La comisaria Grybauskaité apuntó que con este compromiso la UE "tendrá a su disposición los fondos necesarios para garantizar el desarrollo de una Europa ampliada y para que los nuevos Estados miembros se conviertan en partícipes plenos de todas las políticas de la UE". El Ejecutivo comunitario presentará la semana que viene un paquete de propuestas modificadas conforme al acuerdo final para asegurar que todos los programas puedan empezar desde principios de 2007.
Durante el tramo final de las negociaciones, la Eurocámara ha conseguido arrancar a los líderes europeos 2.000 millones de euros más respecto a la cifra pactada en diciembre de 2005. A esta cantidad habrá que añadir otros 2.000 millones de euros que los Veinticinco tendrán a su disposición a través de la ayuda de urgencia y del instrumento de solidaridad, creado para hacer frente a situaciones inesperadas o de emergencia. El dinero para el próximo marco financiero se incrementa, por tanto, en 4.000 millones.
Con estos ajustes contables, el techo presupuestario sube de 862.400 millones a 864.400 millones de euros. El gasto para políticas de competitividad sube 2.100 millones (800 para formación a lo largo de la vida, 500 para redes transeuropeas, 400 para competitividad e innovación, 300 para I+D, y 100 para la agenda social). También aumenta en 800 millones el presupuesto con el que contará el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, y en 200 millones la política de vecindad.
Un total de 500 millones irán a los programas de ciudadanía y justicia e interior, aunque todavía no se ha decidido el reparto entre programas.
Finalmente, se destinarán 300 millones más para las iniciativas de colaboración entre regiones transfronterizas INTERREG y 100 millones de euros adicionales para la red de espacios protegidos Natura 2000 y para el programa de medio ambiente LIFE+.
El acuerdo definitivo mantiene a la política agrícola común (PAC) como principal partida del presupuesto de la UE (371.300 millones de euros, 42,9% del total), seguida de la política regional (307.900 millones, 35,6%). A continuación están las iniciativas de fomento de la competitividad (74.200 millones, 8,6%), la política exterior (51.000 millones, 5,9%), los gastos administrativos (50.300 millones, 5,8%), justicia e interior (6.600 millones, 0,7%), ciudadanía (4.100 millones, 0,4%) y 800 millones de euros de compensaciones a los nuevos Estados miembros (0,09%).
Finalmente, se incrementa en 2.500 millones de euros el dinero que movilizará el Banco Europeo de Inversiones para hacer un efecto palanca en las inversiones en I+D. Además, se ha previsto que la Eurocámara participe en la revisión de la estructura del presupuesto, aunque la última palabra seguirá siendo de los líderes europeos. Finalmente, los Estados miembros tendrá que certificar la gestión adecuada de los fondos europeos sobre su territorio.
EL PP ESPAÑOL VOTA EN CONTRA
El PP español votó en contra del acuerdo sobre las perspectivas financieras porque considera que el pacto es "malo para Europa e injusto para España", según afirmó su portavoz, Jaime Mayor Oreja. "Las cifras pactadas en Bruselas no garantizan un presupuesto de la UE que refuerce la prosperidad, la competitividad, la solidaridad, la cohesión y la seguridad conforme a los compromisos que los propios gobiernos de la Unión han fijado para los próximos años", indicó Mayor Oreja.
"Para Europa este acuerdo es el resultado de una negociación en la que han prevalecido los intereses nacionales por encima de los comunes y para España es el resultado de la negociación de un gobierno débil", añadió. "No son los presupuestos para tener más Europa, sino menos Europa y son los presupuestos de una Europa débil y sin ambición", remachó.
Según el PP, el acuerdo supone para España no sólo la pérdida de 38.000 millones de euros de saldo neto presupuestario en relación con el período 2000-2006, sino también la discriminación de trato de regiones españolas como Asturias o Murcia con respecto a otras regiones europeas con semejante nivel de desarrollo y la luz verde a la renacionalización de las ayudas de política agrícola común.