Economía/Fiscal.- Las CC.AA. ingresan más con el 33% del IRPF que con la suma de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones

Una familia aragonesa o extremeña puede pagar 900 euros más en su declaración de la renta que una familia valenciana o madrileña

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Las comunidades autónomas recaudan a través del 33% del IRPF que tienen cedido más que la suma de impuestos como Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y las tasas sobre el juego, según un estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) presentado hoy en Madrid.

Así, mientras la cesión del 33% del IRPF les proporciona el 19,59% de su financiación total, la suma de ingresos procedentes del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, de Transmisiones Patrimoniales y de las tasas sobre el juego supone el 18,6% de toda su recaudación. Si a estos tributos, se les une el Impuesto sobre el Patrimonio, que supone el 1,2% de la financiación autonómica, la suma de todos ellos supone prácticamente lo mismo que el 33% del IRPF.

De hecho, casi el 40% (exactamente el 37,6%) de todos los ingresos que perciben las comunidades autónomos proceden del 33% del IRPF (el 19,5%) y del 35% del IVA (18,05%), porcentajes estatales cedidos parcialmente en el último modelo de financiación autonómica.

DEDUCCIONES AUTONOMICAS "INSIGNIFICANTES" EN IRPF.

Además, el estudio del Reaf muestra que las comunidades únicamente han usado la capacidad normativa que tienen en el IRPF para establecer deducciones "insignificantes" cuantitativamente, ya que únicamente suponen el 0,5% de la cuota autonómica (87 millones de euros en 2004), y a excepción de Madrid, ninguna región ha rebajado la tarifa, medida que sí supondría una recorte importante del impuesto.

Con todo y a pesar de que las deducciones autonómicas del IRPF benefician a rentas muy concretas, las diferencias entre comunidades son bastante importantes. Así, una familia aragonesa o extremeña integrada por dos cónyuges, con una hija de 4 años y un hijo de 8 meses y una renta media inferior a 43.000 euros, que además esté pagando una hipoteca, paga 900 euros más al año en su declaración del IRPF que una familia con las mismas condiciones que resida en Valencia o Madrid.

Otra tendencia detectada entre las comunidades es que han aprovechado el 'boom' inmobiliario para incrementar aquellos impuestos que están estrechamente relacionados con el mismo, como es el caso del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), tributos que han ido ganando peso en su financiación total frente el Impuesto de Patrimonio o Sucesiones.

MAS ITP Y AJD QUE PATRIMONIO.

Así, mientras que la recaudación del Impuesto sobre Patrimonio creció un 21,2% entre 2001 y 2005, ligeramente por encima del aumento de la inflación, a pesar de que la riqueza inmobiliaria y financiera de las familias ha crecido, los ingresos procedentes del AJD se incrementaron en el mismo periodo un 267%, como consecuencia del encarecimiento de los inmuebles y el aumento de la compra venta de viviendas al calor del 'boom' inmobiliario.

De la misma manera, la recaudación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que grava básicamente las transmisiones de inmuebles usados, aumentó un 104% en este mismo periodo, frente al incremento del 68% de los ingresos derivados del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

A la vista de estos datos, el presidente del Reaf, Valentí Pich, indicó que es evidente que la subida generalizada llevada a cabo por la mayor parte de las comunidades en el tipo del ITP (han pasado del 6% al 7%) y de AJD (del 0,5% al 1%), junto con el espectacular desarrollo del mercado inmobiliario, han hecho que estos impuestos ganen peso en la financiación de las gobiernos autonómicos.

Si en el caso del ITP y AJD, la tendencia de las comunidades ha sido la de aumentar estos impuestos, en el caso de Sucesiones y Donaciones ha ocurrido exactamente lo contrario. De hecho, en los últimos ejercicios, además de País Vasco, Navarra, Cantabria y La Rioja, que habían dejado fuera de la tributación a las sucesiones entre padres e hijos y entre cónyuges, se han unido otras comunidades como Madrid, Baleares, Castilla y León, Valencia y Murcia.

SUCESIONES SIN GRAVAMEN EN EL 40% DE ESPAÑA.

De esta forma, prácticamente el 40% de la población española, es decir, unos 17 millones de españoles, no tributan por sucesiones. Además, en el caso de las donaciones, Madrid ha iniciado una tendencia que podrían seguir otras comunidades, al suprimir las donaciones entre padres e hijos.

La práctica desaparición del Impuesto de Sucesiones en algunas comunidades ha llevado a que existan importantes diferencias entre regiones. En concreto, una familia que resida en Castilla y León o Murcia, compuesta por una viuda con tres hijos (uno de ellos minusválido) y un patrimonio superior a los 800.000 euros, no tributa prácticamente nada por la percepción de la herencia del marido, mientras que en Extremadura esta misma familia pagaría más de 8.000 euros y en Cataluña, más de 6.500 euros.

Teniendo en cuenta estos resultados, desde el Reaf se han lanzado algunas propuestas que en el caso del IRPF pasan por que las comunidades autónomas utilicen su capacidad normativa en la tarifa, tal y como ha hecho Madrid, lo que sería más eficaz que establecer una "maraña" de deducciones que luego en la práctica son difíciles de aplicar.

REPLANTEAR LA EXISTENCIA DE PATRIMONIO.

En el Impuesto sobre el Patrimonio, Pich apostó por "replantear" la permanencia de este tributo o, al menos, su configuración definitiva que podría pasar, en su opinión, por un fuerte incremento de los mínimos exentos y una rebaja sustancial de la tarifa. En este momento, el Reaf cree que existe un "importante fraude" en este impuesto, ya que no se explica que su recaudación esté estancada a pesar del aumento de la riqueza de las familias.

En Sucesiones y Donaciones, propone introducir una "cierta armonización" entre comunidades, limitando su capacidad normativa a la tarifa, con el fin de evitar la competencia fiscal que existe entre ellas y las diferencias tan importantes de unas regiones a otras.

Finalmente, el Reaf encuentra "descorazonador" que las comunidades no hayan usado su capacidad normativa para atender tres de las principales preocupaciones de la economía española: facilitar el acceso a la vivienda, fomentar la actividad emprendedora y apoyar las iniciativas favorables con el medio ambiente.