Economía/Macro.- El Tribunal de Cuentas vuelve a detectar defectos e irregularidades en los contratos públicos

Se queja de que le envían documentación incompleta y que las obras sufren retrasos y suspensiones que debieron preverse

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Tribunal de Cuentas, en su último informe de fiscalización sobre contratos públicos, correspondientes al año 2004, ha vuelto a detectar "defectos, omisiones e irregularidades" que, pese a haber sido denunciadas en ejercicios anteriores, siguen sin corregirse.

Según consta en este citado informe sobre los contratos de la Administración, sus organismos autónomos y la Seguridad Social, remitido al Congreso y a cuyo contenido tuvo acceso Europa Press, se sigue incurriendo en una serie de deficiencias que no reparan, pese a los avisos.

En sus conclusiones relativas a la contratación celebrada por la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos cuya fiscalización alcanzó el total de 1.328 contratos por importe de 7.837 millones de euros, el Tribunal de Cuentas señala que "la documentación de los expedientes resultó con frecuencia incompleta" y que en algunos contratos se "incumple" la obligación de justificar en el expediente "el procedimiento y la forma de adjudicación".

Por ello, el máximo órgano fiscalizador recomienda adoptar las medidas oportunas para el envío de información se efectúe en los términos legales así como "aplicar el máximo rigor en la selección de la forma de adjudicación, justificándose en todo caso la elección del procedimiento y forma utilizados".

RECOMIENDA MAYOR RIGOR.

Además, el Tribunal de Cuentas denuncia que pliegos de prescripciones técnicas y los de cláusulas administrativas particulares no han sido remitidos, pese a haber sido requeridos específicamente por el mismo. En el caso de los segundos, presentaron deficiencias como la no remisión de la aprobación por el órgano competente.

Para solventar este problema, insta a que se informe al Tribunal de "toda la contratación pública" y ve necesario "incrementar el rigor" en la delimitación y precisión del contenido de los pliegos mencionados, así como el grado de objetividad de las contrataciones.

Asimismo, indica que, en los expedientes de obras analizadas en 2004, se producen frecuentemente "retrasos en su inicio, o suspensiones durante su ejecución, por circunstancias que debieron ser tenidas en cuenta al tramitar el expediente".

En este sentido, el Tribunal de Cuentas cree que se debería potenciar la planificación y efectuar un análisis exhaustivo en las fases preparatorias de los contratos, aportando una mayor precisión en la elaboración del proyecto en los contratos de obras.

Según asegura este organismo, se ha detectado "con frecuencia, falta de precisión en los pliegos de cláusulas administrativas" en relación con la solvencia financiera de los licitadores, e incluso, "en ocasiones no aparecen debidamente motivadas en los expedientes analizados, determinadas resoluciones discrecionales, como la no revisión de los precios o la no existencia de la garantía definitiva".

FISCALIZADOS 569 CONTRATOS EN SEGURIDAD SOCIAL.

Respecto a las conclusiones relativas a la contratación celebrada por las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, el órgano fiscalizador se queja de que, de los 569 contratos enviados por las diferentes entidades, 422 lo fueron de oficio y 147, se trasladaron por requerimiento del Tribunal. Para solventarlo el órgano vuelve a pedir las medidas necesarias para el envío correcto de información al mismo, así como rigurosidad.

Denuncia que se han detectado irregularidades ya advertidas en ejercicios anteriores, así como otras deficiencias de carácter general detectadas por la omisión de informes preceptivos o en su cumplimiento meramente formal y sin un verdadero contenido justificativo. El Tribunal de Cuentas propone resolver este problema aplicando los principios de transparencia y economía por parte de los responsables de redacción de los mismos.

En total, el Tribunal de Cuentas recibió 3.712 contratos durante el ejercicio de 2004 por las entidades del Sector Público Estatal, sujetas a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que fueron adjudicados por un importe de 8.687 millones, es decir, se fiscalizó el 52% de los contratos recibidos y el 92% del importe adjudicado.