La prensa dice que multar por publicar secretos es "propio de una dictadura"

Multas de entre 50.000 euros hasta tres millones por publicar informaciones clasificadas. El anteproyecto de Ley de Información Clasificada en el que trabaja el Gobierno está levantando ampollas en los medios de comunicación. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) califica el articulado actual de "censura" y "más propio de una dictadura".

Existen dos aspectos considerados como los más lesivos. Uno es la clasificación que se realiza sobre las informaciones sensibles. El vicepresidente de la Fape, Aurelio Martín, explica que estaría de acuerdo con la definición de Alto Secreto o Secreto, pero en ningún caso con otras dos que se incluyen: restringido y confidencial. Todas estas categorías serían sancionables, desde los 50.000 euros hasta los tres millones.

"El anteproyecto señala que el objeto es regular el régimen jurídico aplicable a aquella información cuya revelación no autorizada o utilización indebida pueda ocasionar un daño o poner en peligro la seguridad o defensa nacional. Si ese es el objeto de la ley, el desarrollo de su articulado va mucho mas allá siendo de facto una ley limitadora de los derechos de libertad de expresión y de información mas propia de la dictadura que cita el anteproyecto en el primero de los motivos justificativos de la norma. Se podría estar de acuerdo con la clasificación que hace la norma en relación con las categorías 'Alto secreto' y 'Secreto' y sus ámbitos de aplicación, pero no así en lo que se refiere a las categorías 'Confidencial' y 'Restringido' en cuanto se refieren fundamentalmente al funcionamiento de los organismos públicos", alegan.

El otro aspecto en el que hace hincapié Fape se refiere a la diversidad de personas que pueden catalogar determinada información como confidencial o restringida. "No solo son los responsables de establecer dicha clasificación determinados cargos unipersonales, nombrados por el Gobierno, sino que se establece la posibilidad de delegar la facultad de clasificación, creando así una cohorte de funcionarios, ya sean nombrados directamente por el gobierno o en los que estos deleguen, que decidirán, en prácticamente todas las actividades de la vida pública", avisan.

La Fape solicita que en el caso de que el Gobierno decida no atender a la petición de no incluir estas dos clasificaciones, al menos exonere a los periodistas para que así puedan informar. "Como está redactado actualmente, seguramente no se habría podido informar de la Gürtel sin enfrentarse a sanción", añade Martín a este periódico.

La última de las quejas que manifiesta la Federación ha sido el escaso tiempo que se ha permitido para alegar, así como el mes elegido: agosto. "No hay causa que justifique la tramitación por vía de urgencia. Toda norma que afecte a derechos constitucionales, máximo si supone la limitación de tales derechos, debe contar con la participación ciudadana y de sus organizaciones a través del procedimiento legalmente regulado", dicen.

El PP ve "pleitesía"

El futuro del Anteproyecto de la Ley de Información Clasificada se dirimirá en el Congreso de los Diputados. El principal grupo de la oposición, el Partido Popular, ya ha manifestado su oposición frente al articulado actual del texto legislativo. "Esta Ley es un ejercicio de pleitesía a sus socios, como la Generalitat, en el que lejos de agradar a la mayoría solo satisface a sus socios", explican fuentes del Partido Popular. Además, añaden que están "acostumbrados" a que "las iniciativas de este Gobierno, lejos de abordar problemas, dé soluciones a los que les apoyan en el Parlamento, aunque no sean partidos mayoritarios". 

El Partido Popular cree también que el texto "tampoco deja en buen lugar el ejercicio profesional de los periodistas, con multas de hasta tres millones de euros".

Dentro de las categorías del anteproyecto de ley, las informaciones clasificadas pueden ser Alto Secreto, Secreto, Confidencial o Restringida. Las mayores críticas desde la Federación de Periodistas (FAPE) se concentran en las dos últimas categorías. El propio texto legislativo entiende que confidencial serán "el efectivo desarrollo de las políticas del Estado o del funcionamiento del sector público, negociaciones políticas o comerciales de España con otros Estados, los intereses económicos o industriales, el funcionamiento de los servicios públicos, la prevención, detección e investigación de delitos, y cualquier otro ámbito que pueda causar una amenaza o perjuicio leve para los intereses de España. La categoría de 'Restringida' "se aplicará a la información cuya revelación no autorizada o utilización indebida pueda ser contraria a los intereses de España".