Los detenidos en la operación en UPA-UCE pasarán a disposición judicial esta tarde
La organización está acusada de obtener algo más de 1,8 millones de euros procedentes de unas 5.500 subvenciones, merced a una trama de financiación ilegal cuya investigación tiene su origen en una denuncia interpuesta por el titular de una pequeña explotación agrícola.
Ayer al mediodía, la Guardia Civil concluyó el registro de su sede regional en Mérida, de la que se han llevado una veintena de cajas repletas de documentos, y en la que han estado presentes, durante las 28 horas que ha durado, tres de los siete detenidos en la operación.
De éstos, cuatro son miembros de la Junta Directiva de la entidad agraria, entre ellos su secretario general, Ignacio Huertas.
La organización agraria negó ayer que existiese un entramado financiero ilegal para financiarse mediante ayudas al asesoramiento agrario provenientes de la UE y agregó que ninguno de sus dirigentes ha cometido delito alguno.