Madrid

Las bajas cuestan 26 millones a las empresas


    Esther Porta

    Los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social muestran un incremento de prestaciones por incapacidad temporal, a la vez que las Mutuas también ofrecen indicadores desalentadores en cuanto al porcentaje de personas que cada día no acuden a su trabajo. 

    Se trata de datos que si realmente reflejaran un mal estado físico o psíquico de tantas personas, serían causa para tomar decisiones urgentes de salud pública. Así, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el índice de incapacidad temporal por contingencias comunes ha pasado del 1,96% en 2013 al 2, 43% en 2015 -en los tres primeros meses de 2016 ya alcanza el 2,76%-. El incremento, por tanto, ha sido del 24% en cuanto ha comenzado a remontarse la crisis económica.

    En el conjunto de España, la evolución en dicho período ha pasado del 2,08% al 2,49%, incrementándose por tanto un 20%. En el primer trimestre de 2016 alcanza el 2,80%.

    Las dificultades de aplicación de instrumentos eficaces de control, no paliadas por la nueva normativa (Real Decreto 625/2014) implican que de hecho la Mutua o la empresa solamente pueda controlar bajas más allá del 16º día, lo que impide un ajuste adecuado de las bajas de corta duración, que son las que más afectan a la gestión de la empresa. Es importante tener en cuenta que la duración de este tipo de bajas, en casi un 70%, es inferior a 16 días. Es decir, este tipo de bajas de corta duración son las que más preocupan, además de ser las que recaen en términos económicos directamente sobre la cuenta de resultados de nuestras empresas.

    Y es que, a la pregunta ¿cuánto cuesta a nuestras empresas estas bajas?, la respuesta está clara: la cifra, que se ha incrementado en la Comunidad de Madrid en dos años un 16%, es de 26 millones de euros. Ello recae directamente en una menor capacidad de inversión y de creación de empleo.

    Cuando el Estado asume el coste de la prestación, a partir del 16º día, el propio INSS es consciente de cierto volumen de prolongación de las bajas de media y alta duración más allá de lo razonable, debido a una ausencia de corresponsabilidad de los Sistemas de Salud de las Comunidades Autónomas y del Estado. Así, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el control de la incapacidad temporal por contingencias comunes antes de los 365 días por parte de los médicos del INSS implicó, en el mes de febrero, el alta del 14% de las bajas. En cuanto a las incapacidades que superan el año, las revisiones del INSS aparejaron el alta nada menos que del 25 por ciento de los supuestos enfermos. El coste para las arcas públicas de la Seguridad Social por este tipo de bajas en la Comunidad de Madrid se ha incrementado un 31% en dos años, alcanzando la cifra de 169 millones de euros. Hay que recordar que los facultativos de los Servicios Públicos de Salud de las comunidades autónomas expiden los partes médicos de baja, confirmación y alta, determinando por tanto la duración de los procesos de incapacidad temporal. Durante la misma, el pago de la prestación corresponde en los primeros días al empresario y después al INSS.

    Preocupados por la situación, el pasado 12 de abril se reunió la Comisión de Asuntos Laborales de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) con el único objetivo de acordar propuestas para atajar el notable incremento del absentismo-. Llama la atención la poca actividad de concienciación por parte de las Consejerías de Sanidad, a pesar de que la Seguridad Social ha puesto este año en sus manos un total de 315 millones de euros para que mejoren y modernicen el control de las bajas laborales. El traspaso de esta cuantía obedece a los convenios de colaboración para la gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes suscrito entre el Ministerio de Empleo y las comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad de Madrid, recibe 55,4 millones de euros para esta actividad. Se trata de una actividad finalista y con objetivos cuantificables-, explican desde Ceim. Estos datos avalan nuestra preocupación por el absentismo laboral, que incide directamente en la productividad y la competitividad de las empresas españolas. Como hemos visto, lejos de corregirse, no ha dejado de incrementarse, además en todos los sectores y ámbitos geográficos. Supone un grave problema organizativo -mayores cargas de trabajo para los no absentistas- y consecuencias económicas negativas -coste de horas perdidas, coste de personal de sustitución, coste del pago de los primeros días y, en su caso, del complemento de convenio?.

    Empresas abocadas al desánimo

    Así, muchas empresas están abocadas al desánimo ante el incremento del absentismo y la nula capacidad normativa para habilitar herramientas eficaces de control. En concreto, en la reunión de la patronal madrileña, se puso de manifiesto la extraordinaria utilización en situaciones de embarazo desde el primer mes, los efectos perniciosos del complemento del 100 por cien del salario en casos de IT, la necesidad de incrementar el compromiso de los trabajadores y la utilización como refugio para conciliar. ?En realidad falta cultura sobre el valor del trabajo y se carece de la suficiente conciencia de las repercusiones que una ausencia corta -cinco días, por ejemplo- ante una enfermedad común ordinaria tiene en el día a día de la empresa. Sin embargo, no todas las tareas de control son públicas. Los empresarios tenemos también posibilidades de gestión en relación con la salud laboral y el bienestar corporativo, incorporando elementos de prevención, estimación de la duración óptima de un proceso de incapacidad y estableciendo mecanismos para mantener la salud y evitar recaídas. En este sentido, conviene articular una política de recursos humanos donde el engagement -compromiso- sea una finalidad primordial, a la vez que se busquen las causas reales del absentismo prolongado más allá de lo razonable en una enfermedad, como puede ser analizar el tipo de bajas, los días de la semana en que se producen, hasta qué punto el convenio colectivo impide una adecuada vigilancia y retribuye bajas más allá de lo legalmente establecido, en qué sector estamos, tipo de trabajo, tipo de liderazgo en la empresa, las repercusiones que la subrogación obligatoria tiene en la gestión, edad de los trabajadores y un largo etcétera.

    Las empresas deben abordar el tratamiento del absentismo, corrigiendo a tiempo las disfunciones que se producen en la gestión y control de la prestación de incapacidad temporal, analizando las causas, fortaleciendo el compromiso de los trabajadores y computando adecuadamente las bajas.

    Los denominados absentistas profesionales no son el problema, puesto que con la reforma laboral de 2012 se introdujo el mecanismo para que su salida de la empresa sea considerada despido objetivo. En efecto, el artículo 52. d) del Estatuto de los Trabajadores señala que procede la extinción del contrato por causas objetivas por faltas de asistencia al trabajo que alcancen el 20 por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5 por ciento de las jornadas hábiles o el 25 por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un período de un año. No se computan faltas derivadas de huelga, embarazo, accidente de trabajo o enfermedad grave.

    Ante esta situación, Ceim proponer lo siguiente: en primer lugar, corregir la situación actual del absentismo debe ser una prioridad para el futuro Gobierno y lo es en todo caso para Ceim, que lo traslada a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), puesto que debe articularse a nivel nacional fundamentalmente. ?Es necesario gestionar mejor el absentismo, posibilitando que las mutuas puedan dar el alta a efectos económicos cuando estimen que la duración de la baja excede del tiempo razonable de recuperación y se haya ofrecido la posibilidad de un tratamiento adecuado. No sólo se mejoraría el clima laboral y la productividad de las empresas, sino también la maltrecha situación de las arcas de la Seguridad Social?. Por otra parte, el pasado año la Junta Directiva de Ceim aprobó una batería de medidas, bajo la denominación de Plan 400.000 Empleos, que incluye la propuesta de que las mutuas puedan dar el alta a efectos económicos. A esta propuesta es necesario añadir que las mutuas puedan realizar reconocimientos médicos antes del 16º día, puesto que las bajas de corta duración son las que más problemas de gestión ocasionan a nuestras empresa. Además, deben promoverse campañas con las Consejerías de Sanidad para sensibilizar a los médicos de atención primaria en esta materia. Ceim, de hecho, trasladó esta preocupación al propio Consejero, que visitó la Comisión de Sanidad el pasado 4 de abril. ?Además, tenemos previsto solicitar la reanudación de los protocolos informativos sobre las repercusiones del absentismo a los médicos de familia?.