"No cabe duda que lo que ha sucedido en Navalcarnero es fruto de la dejación de funciones de muchas personas e instituciones"

José Luis Adell Fernández, es alcalde de Navalcarnero desde 2015. Afiliado al PSOE fue concejal-delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento hasta 1983. En las elecciones de 1983, en que fue elegido alcalde y reelegido por mayoría absoluta, manteniéndose en el puesto hasta el año 1995. A partir de esa fecha pasó a trabajar en el sector privado. Ha sido diputado en la Asamblea de Madrid.

Desde su llegada a la alcaldía ha tenido que lidiar con una deuda municipal desbocada, fruto de un saqueo continuado de las arcas municipales, que ha llevado a la Corporación a denunciar al anterior regidor municipal, Baltasar Santos, ante los tribunales, la última de ellas bajo la acusación de organización criminal.

Navalcarnero es noticia por la anulación por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de diversos contratos para la compra de granito por más de una docena de millones de euros.

¿Cuál era el problema con el granito?

Es una de las muchas cosas que han sucedido aquí. Estamos hablando de un déficit de 230 millones de euros. Se han producido todo tipo de irregularidades e ilegalidades. Una de ellas fue la del granito. Sin ningún tipo de contrato ni partida presupuestaria, solamente por el capricho del anterior alcalde, que se desplazó a ferias y compró elementos de granito por valor de 13 a 14 millones de euros en muy poco tiempo. Se supone que estas figuras tenían un cierto valor histórico, pero nunca se ha acreditado y a nosotros siempre nos pareció que eran de nueva creación y que se habían pagado por ellas barbaridades. Había cruceiros, pozos, columnas, y otras muchas cosas más. Todo ello sin ninguna partida presupuestaria ni control e, incluso, con informes contrarios de Intervención y Secretaría.

¿Cómo se ha logrado la nulidad de los contratos?

Todo esto está judicializado, pero además del proceso abierto por la compra de estos elementos, hay otros catorce o quince procesos abiertos por otro tipo de cuestiones, que aún no han prescrito. Una parte del granito no se había pagado, del orden de los cuatro millones de euros, por lo que esas facturas se han enviado al Consejo Consultivo y el Ayuntamiento se ha negado a pagarlas. Este organismo de la Comunidad de Madrid nos ha dado la razón y, por tanto, ni se van a pagar ni a devolver. Todo ello, además, con las responsabilidades legales que va a haber por todo el proceso de compra de elementos de granito sin ningún tipo de requisito legal.

¿Había un amplio catálogo de operativas?

Ha habido diversos procedimientos para saquear a Navalcarnero. El déficit que nos ha quedado es el mayor por número de habitantes de toda España. Se utilizaron diversos métodos de saqueo. Se han judicializado los sobrecostos, es decir, se hacía una obra se adjudicaba por un dinero y, posteriormente se hacían modificaciones, algunas de ellas superiores al 1.000 por ciento, totalmente ilegales también, que en muchas ocasiones no se realizaron, sino que era un sistema a través de certificaciones falsas para llevarse el dinero.

¿También existía una amplia colección de obras de arte?

Este es otro asunto, la compra de elementos de arte, que es poco cuantificable, que también se produjo en otros municipios, pero no con la intensidad de Navalcarnero. Se compraban supuestas obras de arte que no eran tales, hay una colección de cerámica que aún está en cajas abiertas, sin ningún tipo de control. Se compraron cuadros, que están denunciados por ser falsos, según las valoraciones de los peritos, puesto que ni son de la fecha que decían ni del autor a quien se atribuían. De esta forma se evaporaron muchos millones de euros. Se trataba de un saqueo de bienes de muy difícil cuantificación. Hay una comisión de investigación compuesta por todos los grupos políticos y hemos descubierto que hay empresas a las que no se les cobraban las licencias, de gran cuantía; se vendieron suelos sin ningún tipo de requisitos legales ni autorizaciones; y muchas obras se hacían sin certificaciones o éstas estaban falsificadas.

¿Por qué fallaron los controles?

El alcalde se encargaba personalmente de estas maniobras con las empresas. Hay técnicos municipales imputados y procesados y también hay empresas. Era una forma de actuar sistematizada, unos procesos que se repetían en todos los casos. Había adjudicación de la obra, luego un modificado, que no contaba con ningún requisito técnico, y posteriormente se certificaba en falso y se pagaba. Hemos presentado una demanda por asociación criminal.

¿Y los vecinos no decían nada?

Aquí se contrataba gente para crear clientelismo. Le dieron al alcalde más del 60 por ciento de los votos. Cuando a partir de 2011 se empieza a saber lo que estaba sucediendo y se van produciendo los procesos judiciales, aunque llegaron a nombrarle nuevamente candidato del PP, en la ratificación, Esperanza Aguirre decidió descabalgarle, bajo la presión de los medios de comunicación y fue cuando perdió el apoyo. El PP pasó de 12 concejales a cinco y él se presentó como independiente y perdió el apoyo popular.

¿Hay ya casos con instrucciones terminadas?

El caso del polideportivo es de los más llamativos. Es una obra que se inicia en 13 millones de euros, se certifica más del 90 por ciento cuando no está ejecutado ni el 10 por ciento, con lo que ya hay 7 millones certificados en falso. Este caso tiene un procedimiento judicial largo, desde hace casi seis años, con la instrucción finalizada y pendientes del inicio del juicio oral. Este asunto es distinto. En las cuevas se gastaron 30 millones de euros sin ningún requisito legal, ni tampoco de control ni técnico ni económico. No hubo técnicos ni Intervención municipal. También, tiene la instrucción finalizada. Es una obra inexplicable, en la que se abrieron nuevas galerías subterráneas y se convirtió el casco urbano en un queso de gruyère. Pero, hay un caso más importante, que está en un juzgado, hablamos de 140 millones de euros, ya que desde 2011 todos los gastos que se produjeron en este Ayuntamiento fueron contra el informe de la Intervención y todos ordenados por el alcalde, a pesar de los avisos de que se estaba produciendo una deuda insostenible.

¿Y en las Administraciones Públicas?

La Dirección General de Patrimonio de la CAM presentó denuncias en muchas ocasiones, pero ejercen las labores de tutela que tienen y miran para otro lado. Nadie es responsable de esa situación. No cabe duda de que lo que ha pasado ha sido fruto de la dejación de funciones y de la lasitud de mucha gente e instituciones, como algún funcionario municipal, el Tribunal de Cuentas -al que se efectuaron muchas denuncias-, la Dirección General de Patrimonio y la propia CAM. Sin embargo, quien sí que actuó con diligencia y ayudó a resolver los problemas es la Cámara de Cuentas de la CAM, que con mucho trabajo ha sido decisiva. Auditó varios ejercicios y de ahí salieron procedimientos con informes demoledores. Incluso ya, el Tribunal de Cuentas está reclamando responsabilidades contables. En concreto, se piden por el tema del Polideportivo 13 millones de euros a diversos concejales, al alcalde y a algún técnico,

¿Había un contenedor con facturas sin pagar?

Exactamente. Hoy, incluso cuatro años después, seguimos aprobando reconocimientos extrajudiciales de crédito. Encontramos facturas que también son de diverso tipo. Algunas las rechazamos, porque carecen de todo tipo de coberturas y no está acreditado el suministro, otras en las que el suministro estaba realizado y lo que se había producido era una falta de contabilización de estas facturas para que no se viera lo que estaban haciendo. Estas facturas están incorporadas a la deuda. Estos gastos se tapaban con los planes de pago a proveedores, este era un método, y el otro era dejar las facturas guardadas sin ningún control dentro de un cajón. Cuando los proveedores vienen a quejarse es cuando nos enteramos de que existen. Algunas veces les pedimos el duplicado de la factura presentada y comprobamos que la obra o el servicio se ha realizado. La jurisprudencia marca que la Administración no puede tener un enriquecimiento injusto y algunas sentencias nos han obligado a hacernos cargo de esos gastos, aunque pidamos responsabilidades a quien lo efectuó.

¿Cuál es la situación actual del Municipio?

Está más o menos controlada. Hay un plan de ajuste. La deuda existe, pero a través de acuerdos con el Ministerio de Hacienda se ha ido estabilizando. En los dos últimos ejercicios hemos tenido un superávit de tres millones de euros. La deuda ahora supera los 200 millones y con un presupuesto de 24 millones de euros es imposible que generemos el dinero para hacer frente a los vencimientos. Hay 30 municipios en esta situación -Jerez, Denia, Palma, etc.- que nos encontramos en negociaciones con Administraciones Públicas para llegar a un acuerdo. Entre otros asuntos, aún está pendiente de resolución la venta del suelo de la Dehesa municipal, un asunto de mucho dinero.