Diputados salvadoreños eligen a jueces de Supremo, tras varias discusiones

Cuatro de los magistrados fueron elegidos con 83 votos de los 84 posibles y uno con 73 votos, durante una sesión plenaria que quedó abierta desde el pasado miércoles 31 de octubre.

Con 83 votos fueron elegidos Marina de Torrento, Aldo Cáder, Carlos Sánchez y Roberto Calderón, mientras que Carlos Avilés, fue votado por 73 diputados.

Los parlamentarios de la Comisión Política del Congreso fueron convocados a reunión este viernes para avalar el listado con los nombres de los jueces, tras alcanzar un acuerdo la noche del jueves para la elección de los magistrados que ocuparán su cargo por un período de 9 años, es decir, hasta el 2027.

Tras meses de discusión, los diputados acordaron que la actual titular de la Procuraduría General de la República, Sonia Cortez de Madriz, apoyada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), quede de suplente de Marina de Torrento en la Sala de lo Constitucional.

Además, José Cristóbal Reyes será el suplente de Aldo Cáder, Jorge Quinteros el de Carlos Avilés y José Luis Lovo suplirá a Carlos Sánchez.

La Sala de lo Civil estará a cargo del abogado José Roberto Calderón, actual magistrado de la Sala de lo Constitucional y como suplente Alex Marroquín, según el dictamen aprobado por los diputados.

Los cuatro jueces del Constitucional que concluyen su mandato son Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González, llamados por algunos sectores como "los cuatro fantásticos" por las sentencias que han emitido.

Una de las sentencias más destacadas es la que anuló en julio de 2016 una ley de amnistía de 1993 que impedía investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (1980-1992).

La anulación de esta ley permitió la reapertura de procesos penales como la masacre de unos 1.000 campesinos por parte del Ejército en 1982 en El Mozote, la matanza de seis padres jesuitas en 1989 y el magnicidio del beato monseñor Óscar Arnulfo Romero en 1980.

Estos mismos jueces impulsaron el trabajo de la Sección de Probidad de la CSJ y algunos de sus procesos administrativos derivaron en investigaciones penales tras juicios civiles.

El caso de Mauricio Funes es uno de estos, dado que el Supremo ordenó un juicio civil contra el exmandatario (2009-2014) del FMLN, partido actualmente en el poder, por enriquecimiento ilícito y fue condenado en 2017 a "restituir al Estado" más de 419.000 dólares.