La Asociación bancaria de Panamá pide tipificar como delito la evasión fiscal
El presidente de la asociación, Carlos Troetsch, valoró en una rueda de prensa la importancia del proyecto para demostrar el compromiso de Panamá con la "transparencia", aunque señaló que "hay algunos aspectos de mejora para tener una ley justa para los panameños y que se evite ser utilizada para usos indebidos por temas políticos".
El Gobierno panameño presentó en enero de este año en la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, una propuesta legislativa que establece penas de 2 a 4 años para quienes evadan más de 300.000 dólares, y que desde el pasado abril está siendo discutida en el primero de tres debates.
En la legislación panameña actual, la evasión fiscal es simplemente una falta administrativa.
Su penalización ha sido recomendada por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero ha encontrado resistencia en sectores legales y empresariales del país.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CIAP), uno de los gremios más importantes del país, pidió el pasado domingo elevar la cantidad a partir de la cual se considera evasión fiscal de 300.000 dólares hasta los 500.000 dólares.
La plataforma financiera panameña lleva varios años bajo la lupa de distintos organismos internacionales por su supuesta falta de transparencia. Las críticas arreciaron tras la inclusión de Panamá en la lista gris del GAFI, de la que salió en febrero de 2016, y tras el escándalo de los denominados papeles de Panamá.
El Gobierno, sin embargo, ha puesto en marcha varias leyes para combatir más férreamente el blanqueo, suprimir las acciones al portador y endurecer la regulación para los sectores no financieros como el inmobiliario, los servicios legales, los casinos y las casas de cambio.
El centro bancario de Panamá, una importante plaza financiera en la región, cuenta con casi un centenar de instituciones nacionales y extranjeras y representa cerca del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.