'Iuris&Lex' analiza los 40 'puntos calientes' del blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se han convertido en uno de los principales objetivos de lucha preventiva en la mayoría de los países del mundo.

Dada la relevancia de este asunto, la revista jurídica de elEconomista Iuris&Lex profundiza en el trabajo de la Comisión Europea al respecto. En concreto, un total de 40 puntos calientes, que a través de la experiencia acumulada por los órganos especializados de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros se pueden detectar en 11 sectores que presentan vulnerabilidades y que pueden ser aprovechadas por redes criminales y por grupos terroristas para introducir el fruto del dinero y bienes líquidos obtenidos a través de sus actividades criminales en los mercados legales y en los circuitos financieros.

De una parte, la proliferación de los ataques yihadistas y, de otro, la estabilidad de los ingresos tributarios son los dos motores de una ingente cantidad de medidas globalizadoras, que cada vez son más amplias y estandarizadas.

Coincidiendo con esta vista, y tras la celebración de la Apertura del Año Judicial 2018, la Fiscalía General del Estado, en su memoria anual, aboga por que se incluya en el sistema legislativo español una mayor protección para este tipo de delatores, sobre los que denuncia una absoluta desprotección, lo que lleva a que en la mayoría de los casos, quienes tienen conocimiento de la consumación de este tipo de delitos callen por miedo a las represalias a las que se exponen.

Además, crecen también las obligaciones de prevención, una vez que ha entrado en vigor en España la Cuarta Directiva, a través de un Real Decreto-Ley, un paso más, que ahora tendrá que ser reforzado con la Quinta Directiva, que necesitará nuevas definiciones sobre quién puede o no acceder a los datos.

Toda esta información, que se puede conocer en detalle en Ecoley, muestra que con esta medida, la norma pretende que estos operadores reporten las operaciones sospechosas, tratando de restringir parcialmente el anonimato que permiten las criptomonedas, que se han convertido en uno de los canales principales en la financiación de las actividades terroristas.

Otra medida en relación con estos sujetos es la obligación de que estén registrados, aunque no se especifica en qué tipo de registro ni los términos y condiciones del mismo.