Primo de Macri declara por obra adjudicada a Odebrecht en el Gobierno Fernández

Calcaterra había sido citado a declarar este miércoles por el juez del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, pero el empresario decidió adelantar su comparecencia y acudió hoy a los Tribunales de Buenos Aires, donde no respondió preguntas y, en cambio, dejó su declaración por escrito.

El primo de Macri era hasta 2017 dueño de la constructora Iecsa, que, junto a Odebrecht y la italiana Ghella, conformó la unión transitoria de empresas (UTE) a la que se le adjudicó las obras de soterramiento de la línea de ferrocarriles Sarmiento, una de las principales de Buenos Aires y su periferia.

Según fuentes judiciales citadas por medios locales, en su escrito Calcaterra negó que su empresa hubiera pagado sobornos para adjudicarse esa obra y dijo desconocer si Odebrecht cometió algún ilícito en torno a esta licitación.

Calcaterra es una de los 49 personas que Martínez De Giorgi citó a declarar por esta causa, donde están imputados, entre otros, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, ambos en el cargo entre 2003 y 2015 y ya en prisión preventiva por otras causas de corrupción.

La obra en la línea Sarmiento está bajo la mira de la Justicia argentina desde que a principios de 2017 el diario La Nación difundiera información sobre presuntas transferencias que se produjeron menos de un mes después de que la obra se empezara a ejecutar.

De acuerdo con esa información, esos pagos podrían ser una operación para impulsar la obra mediante sobornos.

Calcaterra está involucrado en otra causa, que lleva adelante el juez Claudio Bonadio, por una presunta red de pagos de sobornos para proyectos de obras públicas durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández.

En el marco de esta causa, el empresario se presentó la semana pasada ante los Tribunales, donde admitió que hizo aportes ilegales a las campañas del kirchnerista Frente para la Victoria de 2013 y 2015.

Calcaterra, que quedó en esta causa como "imputado colaborador", sostuvo que realizó esos pagos por pedido de Roberto Baratta -exfuncionario y supuesto coordinador de la red-, para evitar la quiebra de la empresa que dirigía, una de las que más se benefició con las licitaciones de obras públicas durante el kirchnerismo.