La matanza de Curuguaty sacude a la Fiscalía paraguaya tras la anulación de condenas

El fallo el jueves de la sala penal de la Corte Suprema deja por lo demás pendiente una reconstrucción a futuro de unos hechos que guardan una sola certeza: la muerte de once labriegos y seis policías durante un desalojo campesino en 2012.

La resolución de la sala penal, tras dar lugar al recurso de casación contra la sentencia emitida hace dos años, ha sacudido al Ministerio Público, que el viernes repudió ese fallo y apoyó a los fiscales que llevaron la investigación.

Por contra, familiares de los procesados celebraron un fallo que suponía la absolución y puesta en libertad de los once campesinos, si bien solo cuatro de ellos cumplían prisión.

El resto, entre ellos varias mujeres, habían sido liberados de forma espaciada tras cumplir penas privativas de libertad, algunas en arresto domiciliario.

El caso se remonta al 15 de junio de 2012, en un operativo realizado por varios centenares de policías en Curuguaty (este de Paraguay) para desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que habían ocupado para pedir que se integraran a la reforma agraria.

Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías.

A partir de ahí comenzó una investigación fiscal que fue denunciada por su escaso nivel probatorio y propia de una Fiscalía tendente a la "persecución política", según subrayó esta semana la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay.

Entre las muchas irregularidades expuestas estaba el que la Fiscalía solo investigó las muertes de los seis policías y nunca las de los once labriegos.

La defensa denunció además la contaminación de la escena de la masacre, que no fue cercada o protegida, y la desaparición de evidencias.

Tampoco se ordenó la exhumación de los policías muertos para extraer las balas y determinar su procedencia, y con ello despejar la autoría de los disparos.

Entre las imputaciones de la Fiscalía estaba la de invasión de una propiedad privada, también cuestionada.

Las tierras ocupadas por los campesinos de Curuguaty eran explotadas por una empresa de la familia de Blas Riquelme, histórico dirigente político durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

La familia Riquelme sostuvo que eran los propietarios de esas tierras, pero las organizaciones campesinas aseguraron que esos documentos no existen y que el terreno pertenece al Estado.

La matanza de Curuguaty tuvo como principal víctima política a Lugo, del izquierdista Frente Guasu, que fue sometido a un juicio parlamentario que le destituyó de la Presidencia por mal desempeño de sus funciones.

Ese proceso fue accionado por el hoy gobernante Partido Colorado y apoyado por el opositor Partido Liberal, con el resultado de que la Presidencia recayó en el hasta entonces vicepresidente, el liberal Federico Franco.

El juicio político a Lugo fue tildado de irregular por instituciones como Mercosur y la Unasur, cuyos países miembros aislaron diplomáticamente a Paraguay hasta la llegada al poder del actual presidente, Horacio Cartes.

El jueves, Lugo escribió en sus redes sociales que la anulación de la condena "pone fin hoy a 6 años de un proceso judicial que no fue más que un circo montado para ocultar los intereses de oscuros grupos de poder".

Un día después salían de la cárcel asuncena de Tacumbú Luis Olmedo, Néstor Castro y Arnaldo Quintana, condenados a entre 18 y 20 años de cárcel.

Sigue en la prisión Rubén Villalba, un veterano dirigente campesino sobre el que se impuso la mayor pena, 30 años.

Su permanencia en la cárcel obedece a que en 2015 fue condenado a siete años por una invasión de inmueble ocurrido antes de los sucesos de Curuguaty.

Esta condena ya ha sido recurrida a la espera de que se consiga la libertad condicional de Villalba.

Lo que no cerrará un caso que mantiene pertinente la pregunta que vienen planteando familiares y la izquierda paraguaya: ¿qué pasó en Curuguaty?

José María Hernández