Los querellantes se mantienen en su pedido de 21 años de cárcel para Martinelli

"El fiscal está pidiendo 21 años de prisión por los delitos que se le señalan al señor Martinelli. Nosotros nos adherimos a esa solicitud y nos mantenemos. Queremos son 21 años para Martinelli", afirmó Doens, exministro del Trabajo, de 71 años, y férreo opositor del expresidente (2009-2014).

La aclaración la hizo este político del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien se representa a sí mismo en la causa de las interceptaciones ilegales a las comunicaciones que supuestamente habría ordenado Martinelli durante su mandato, ante la posibilidad de que el caso termine en un acuerdo de pena.

Martinelli, preso en una cárcel de mínima seguridad desde que el pasado 11 de junio fue extraditado por Estados Unidos, ha negado la posibilidad de un acuerdo de pena con el argumento de que es inocente de los cuatro delitos por los que es procesado.

Doens confirmó que la defensa y allegados del expresidente se han acercado tanto a la querella como al magistrado fiscal, Harry Díaz, para explorar la posibilidad de un acuerdo de pena.

Recordó que esa figura existe en la legislación panameña, que se trata de un arreglo entre la defensa y el fiscal sin la intervención de los querellantes, y que el juez de Garantías, en este caso el magistrado Jerónimo Mejía, es el que decide si, una vez pactado el convenio, el mismo "está dentro de la ley".

Según Doens, los defensores de Martinelli "plantean que le quiten la acusación sobre los equipos (de interceptación) que se perdieron", lo que constituye peculado por sustracción o malversación y por el cual el fiscal pide 10 años de prisión.

La defensa "entraría entonces a negociar los 11 años" que pide la Fiscalía por los otros tres delitos, lo que quedaría reducido a "3 años y 9 meses" -ya que en el marco del acuerdo se rebaja la pena a un tercio- "lo que no califica para quedar detenido", dijo Doens.

Díaz pide para Martinelli 4 años de cárcel por el delito de interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial; 4 por persecución y vigilancia no autorizadas y 3 años por peculado de uso.

Se trata de un acuerdo con el que Martinelli pretende "que lo manden para su casa, que no le quiten sus derechos políticos, que no pague un real por el equipo perdido (...) Eso no tiene sentido. Tiene que hacerle frente a los 21 años que se le están solicitando y a lo que todos los querellantes estamos adheridos", sostuvo Doens.

Recalcó que la audiencia de fase intermedia o acusación, que comenzó el pasado 25 de junio, está entrando "en lo que es el fondo del asunto", precisamente adonde no quiere llegar Martinelli.

"Ahí está el testimonio del personal del Consejo de Seguridad, el testimonio del perito, de cómo" se realizaron las supuestas interceptaciones, "cómo entregaban la información al presidente de la República, que cambió el decreto del Consejo de Seguridad donde él personalmente se convertía en el jefe directo de esta gente y todos las mañanas recibía la información", dijo Doens.

La semana pasada la defensa pidió "correcciones" al escrito de acusación sustentado por el fiscal con el argumento de que no había una "relación precisa y circunstanciada" de en "qué momento de entre 2012 y 2014" supuestamente Martinelli ordenó las interceptaciones ni "qué funcionario había recibido" esa instrucción.

La defensa también pidió que se revele la identidad de un testigo protegido, algo a lo que los querellantes se oponen, dijo Doens, aunque reconoció que la decisión la tiene el magistrado Mejía.

El juez de Garantías dio a la defensa y al fiscal cinco días hábiles para ponerse de acuerdo en cuento a esas "correcciones" y citó a las partes nuevamente para este martes.

"Espero que haya una acuerdo (entre la defensa y el fiscal) en los temas de forma" de la acusación, dijo Doens, que se mostró confiado en que "no procederá" el pedido de revelar la identidad del testigo protegido, una figura que está amparada en la ley.

También se mostró confiando en que "esto va a terminar en una sentencia condenatoria" para Martinelli "sea dentro de un mes, dos meses, tres meses".

La audiencia de acusación, a cuyo término el magistrado Mejía decidirá si llama o no a juicio oral, está "en la fase en que los defensores están debatiendo sobre la acusación", tras lo cual se entrará en la "de presentación de pruebas, y eso va a tomar mucho tiempo", agregó Doens.