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Paraguayos piden la libertad de los presos por la masacre que causó la destitución de Lugo
La marcha transcurrió a los gritos de "Libertad para los presos por luchar" y "Reforma agraria, urgente y necesaria" y cánticos en español y guaraní para reclamar le puesta en libertad de los condenados.
Un tribunal condenó en 2016 a once campesinos a penas de entre cuatro y 30 años de cárcel por la muerte de seis policías en la matanza que derivó en la destitución de Lugo en un juicio parlamentario, por mal desempeño de sus funciones.
Las muertes de los labriegos nunca fueron investigadas.
En ese sentido, el dirigente de la Federación Nacional Campesina, Adrián Vázquez, explicó a Efe que ante "la falta de justicia en Paraguay" han recurrido el caso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Argentina.
También se encontraba en la protesta la senadora Esperanza Martínez, de la formación Frente Guasu, de Lugo, quien se refirió al juicio a los campesinos como "lleno de irregularidades e inconsistencias reconocidas internacionalmente".
También criticó la actitud del Gobierno frente a este caso y sus "influencias" sobre el Poder Judicial por lo que acudió a "defender el modelo democrático de Paraguay"
Así como "una justicia social sumamente necesaria" en un país en el que explicó, la Justicia es uno de los estamentos "más corruptos y alejados de la sociedad" y aseveró que en Paraguay "la Justicia no es ciega, no es sorda y tiene muchos amigos".
La legisladora recordó que la masacre fue "el hecho político generado para producir el juicio político que destituyó a Lugo", una destitución que para ella rompió "con el proceso democrático tras sesenta años de Gobierno" del mismo partido.
La masacre se produjo el 15 de junio de 2012 durante el desalojo policial de una finca que los campesinos ocuparon para reclamar que se integrara a la reforma agraria estatal.
En ese desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías, por cuyas muertes fueron procesados once campesinos, condenados en julio de 2016 a penas de entre cuatro y 30 años de prisión.
La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución de Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).