La oposición llevará a la Fiscalía las "irregularidades" del Campus de Justicia
Así lo han acordado los representantes de PSOE-M, Podemos y Ciudadanos en la sesión de la comisión celebrada este martes, después de que los socialistas entregaran el pasado 6 de marzo al resto de formaciones un "documento recopilatorio" de estas "irregularidades".
Entonces, los grupos de la oposición acordaron trabajar sobre este "borrador" para incluir sus aportaciones y hoy han decidido trasladar un documento conjunto a la Fiscalía "de la forma más inmediata posible".
"Es importante que pongamos en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades tan enormes como las que hemos encontrado aquí", ha declarado a los medios la diputada del PSOE-M Mercedes Gallizo en referencia al Campus de la Justicia, uno de los tema abordados por la comisión de estudio de la deuda.
La socialista ha señalado que en este proyecto "todo prácticamente" fue "irregular", ya que asegura que hubo "contratos sin concurso", "pagos e empresas sin mediar contrato de ningún tipo" y "contrataciones de personal a dedo".
Además, ha estimado un "quebranto patrimonial" de más de 130 millones para los madrileños a cuenta de un proyecto del que "no queda nada" salvo "un edificio que no se sabe qué hacer con él", en referencia al Instituto de Medicina Legal.
El diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez considera que en el proyecto del Campus de la Justicia, encargado en 2007 por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre y que pretendía agrupar las sedes judiciales en el barrio de Valdebebas, tiene "responsabilidades" el actual Gobierno regional.
"(Cristina) Cifuentes lleva dos años y medio gobernando aquí y no ha puesto ninguna denuncia", ha sostenido, al tiempo que ha resaltado que la Fiscalía tiene la "autoridad y capacidad jurídica de levantar las alfombras" que la presidenta regional no les ha "permitido mirar".
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Susana Solís ha alertado de que en el Campus de la Justicia "no ha habido ningún tipo de control por parte de la intervención ni de la Cámara de Cuentas".
"Los madrileños necesitan depurar esas responsabilidades y saber qué se hace con nuestro dinero público", ha manifestado.
El diputado del PP Juan Antonio Gómez-Angulo ha explicado que la decisión de elevar un escrito a la Fiscalía es de los grupos parlamentarios de la oposición y no de la comisión.
Según ha señalado, ésta no podrá pronunciarse ni tomar ninguna iniciativa hasta que elabore un dictamen al finalizar sus trabajos que, a continuación, deberá remitir al Pleno de la Asamblea.
Por ello, considera que la actuación de la oposición es una "vulneración al funcionamiento de este tipo de comisiones".
Además, ha indicado que el documento que remitirán a la Fiscalía, que está pendiente de cierre, "carece de cuerpo jurídico" y "no pone de manifiesto ilícitos penales sustanciales".