Inhabilitado ocho años el alcalde de Xinzo de Limia por prevaricación
La titular condena al regidor orensano -actualmente sin militancia política- a no desempeñar "todo empleo o función pública en cualquiera de las Administraciones Públicas", así como respecto de cualquier cargo electo, "extendiéndose a todo empleo o cargo en empresas o instituciones participadas directamente por alguna Administración o Ente Público".
La causa se abrió a finales de 2013 después de que el juzgado de lo contencioso administrativo de Ourense apreciase en diferentes sentencias desviación de poder en varias contrataciones de trabajadores eventuales, que pasaron a ser indefinidos sin pasar sin las debidas pruebas selectivas.
En la resolución a la que ha tenido acceso Efe, la jueza concluye que el regidor, quien se dio de baja en el PP tras el auto de apertura de juicio oral, contrató a varias personas entre los años 2011 y 2014 pese a los reparos del interventor y "a sabiendas" de que faltaba la publicidad de dichos contratos.
Todo ello, pese a haber sido informado, "verbalmente y/o por escrito, tanto por parte de la Secretaría del Ayuntamiento como por parte de la Intervención del Ayuntamiento, del incumplimiento en el procedimiento de selección" y de la entrada en vigor del Real Decreto que restringía las contrataciones.
El fallo afirma que el Consistorio realizó durante ese período contrataciones que, en unos casos, iban precedidas de un Decreto de Alcaldía y otras que llegaban a la Secretaría sin contrato previo, todo ello con conocimiento del regidor.
La sentencia se sustenta en las declaraciones realizadas por los trabajadores municipales -secretarios e interventores- quienes corroboraron en el juicio la existencia de informes desfavorables a esa manera de contratar.
Por estos hechos, el Ministerio Público y la CIG, que ejercía de acusación popular, pedían "diez años de inhabilitación para todo empleo o cargo público" para el regidor por contratar a una veintena de personas que habrían encadenado varios contratos eventuales hasta conseguir la plaza, obviando informes contrarios de secretaría-intervención.
Durante la vista oral, la fiscal pidió una "condena ejemplarizante en su grado máximo" para acabar "con esta manera" de actuar en muchos ayuntamientos para "perpetuar" a personas afines a un determinado partido político .
Consideró "indubitado" que el alcalde contrató a cuatro personas, en algún caso, mediante Decreto de Alcaldía y, en otras, "prescindiendo del acto administrativo expreso del Decreto de Alcaldía", pese a que le "advirtieron de la ilegalidad".
Por su parte, el alcalde admitió que no leía los decretos para realizar las contrataciones justificando su actuación en la "urgencia de las mismas" a fin de "atender las necesidades" de servicios "prioritarios" en el ayuntamiento.
Nada más hacerse pública la sentencia, el regidor orensano ha avanzado a Efe su intención de recurrirla al no estar de acuerdo con la misma.