Un testigo del PP confirma la versión de la senadora Barreiro ante el Supremo

El Supremo acordó el pasado mes de octubre abrir un procedimiento a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena por presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho.

Barreiro está implicada en un supuesto concierto para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y en otro para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Se investiga si en esos dos contratos pactó labores en beneficio de su imagen personal a costa del erario público.

La imputada declaró ante la magistrada del Supremo Ana Ferrer, el pasado día 15, que sí se contrató y se pagó desde el Ayuntamiento de Cartagena una determinada publicidad en los contratos que se investigan, pero no en favor de su imagen, sino para mejorar la del Ayuntamiento.

Además, aceptó que se ideó una campaña de reputación en su favor, pero que no iba a correr a cargo de la Comunidad de Murcia, sino que "se iba a pagar por el partido, pero al final no se hizo", según explicó a los medios de comunicación su abogado tras su comparecencia voluntaria ante el tribunal.

Es a esa segunda operación a la que se ha referido el testigo de hoy, refrendando la versión de los hechos aportada por Barreiro.

"El pago de ese contrato se iba a hacer a través del partido en Cartagena, podíamos hacerlo y así lo acordamos. En ese punto he confirmado lo que dijo la senadora, que el partido efectivamente tenía previsto sufragar ese gasto, aunque al final no se hizo", ha explicado a los periodistas Celdrán a su salida del Supremo, donde ha declarado durante en torno a media hora.

"El 80 % del dinero de un partido se gasta en propaganda. Me dijeron que el gasto era mucho más barato que otro tipo de publicidad", ha añadido.

Celdrán, que también ha sido presidente de la Asamblea murciana, ha comparecido como testigo y sus afirmaciones parecen exculpatorias para Barreiro.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió una exposición al Supremo en la que apuntaba que Barreiro, ante las noticias negativas que se publicaban sobre ella en las redes sociales, relativas a su participación en delitos de corrupción urbanística, se puso en contacto con el empresario Alejandro de Pedro para que su empresa realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las redes sociales.

En relación con la concertación para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia, el juez apuntó indicios de que esta consejería sufragó subrepticiamente el gasto por los trabajos de reputación para ella mediante la adjudicación de un contrato de cobertura, con el objeto simulado de "formación".

Ante esta exposición, el alto tribunal nombró instructora del caso a la magistrada Ana Ferrer. Ella debe decidir si el Supremo debe pedir el suplicatorio al Senado para abrir causa contra Barreiro o si se archiva el asunto.