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El Fiscal general de Paraguay resalta los golpes al narcotráfico en su gestión



    Asunción, 22 dic (EFE).-Las acciones contra el narcotráfico en Paraguay ocasionaron pérdidas de más de 643 millones de dólares a los narcotraficantes y un total de 2.311 condenas por esos delitos entre 2011 y este año, el tiempo que lleva al frente de Ministerio Público el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.

    Durante la lectura hoy de su informe de gestión de ese periodo, en la sede de la Fiscalía, Díaz Verón señaló además que en la lucha contra el crimen organizado se obtuvieron más de 9.935 condenas, que representan el 84 % de los juicios realizados, en su mayoría casos de robo.

    Ello significa que de cada cinco juicios orales por esos hechos, cuatro terminaron con condena, según el departamento de estadísticas de la Fiscalía.

    También se destacó que en el mismo periodo se recuperaron unos 47,5 millones de dólares para las arcas del Estado tras la persecución de delitos de corrupción pública y lavado de dinero.

    El informe subraya la labor de la unidad especialidad de la Fiscalía mediante operativos nacionales e internacionales que propiciaron el rescate de 447 víctimas de trata de personas, con un total de 143 condenas por esos hechos punibles entre 2011 y 2017.

    Otras 137 personas fueron encarceladas a través de la unidad especializada contra el secuestro y el terrorismo, mientras que se dieron 178 procesos por delitos ambientales, todos favorables al Ministerio Público, según el comunicado de la Fiscalía.

    El informe resalta que en materia de derechos humanos se logró por vez primera identificar los restos de cuatro personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

    Díaz Verón sigue en funciones de fiscal general del Estado cumplido su mandato y a la espera de que se designe un sustituto tras el rechazo del Senado al candidato que propuso el Ejecutivo.

    El Ejecutivo se decidió por la fiscal de la Unidad Antisecuestro, Sandra Quiñónez, parte de una terna integrada por los fiscales Victoria Acuña y el propio Díaz Verón, quienes habían sido elegidos candidatos por el Consejo de la Magistratura.

    El Senado rechazó a Quiñónez y a todo el proceso de elección al argumentar que careció de transparencia.