El fallo del TC que tumba la amnistía fiscal, al detalle en 'Iuris&Lex'

El Tribunal Constitucional (TC) ha dejado en un limbo jurídico si sus liquidaciones de la amnistía fiscal pueden ser anuladas o no, a un 10 por ciento de los contribuyentes que se acogieron a ella y que actualmente están siendo inspeccionados por Hacienda. Iuris&Lex, la revista jurídica digital de elEconomista, analiza al detalle la sentencia y explica las consecuencias que trae. El TC declaraba por unanimidad de los magistrados que componen el Pleno la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal de 2012, como consecuencia de un recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista contra la normativa que la reguló, que ha sido anulada.

La revista, que desde ayer puede descargarse en www.ecoley.es, destaca que a pesar del parón legislativo que el Parlamento español viene sufriendo en el transcurso de los últimos meses -pues solo parece moverse la Ley de Presupuestos Generales del Estado-, el ambiente en el mundo jurídico está caldeado, sin entrar en las tensiones políticas y corporativas. De una parte, por un asunto que viene de largo, como es el de las cláusulas suelo. Por otro, que no por ser previsible que acabara estallándole en la cara a los ayuntamientos ha dejado de sorprender, como es el tema del Impuesto sobre la Plusvalía Municipal.

Iuris&Lex explica que, en ambos casos, la crisis económica iniciada en 2007 es nexo común. En el caso de las cláusulas suelo se llega ahora a la judicialización general de las devoluciones de dinero, después de que hayan pasado por todos los escalones jurisprudenciales, incluidos los de la Unión Europea. El fracaso del procedimiento de acuerdos extrajudiciales entre consumidores y entidades financieras ha llevado, finalmente, a crear 54 tribunales de Primera Instancia especializados en la materia -uno por provincia-, que han recibido críticas desde todos los ámbitos involucrados en este litigio.

El reproche de los colectivos judiciales, de los funcionarios de Justicia, de los abogados y de los afectados ha sido unánime al señalar la falta de previsión y medios con que se ha manejado este asunto. El Consejo del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia han actuado con valentía al comprometerse a dotar de medios a estos juzgados y a aumentar su número para evitar que esta nueva fase se convierta en una nueva traba, en lugar de una solución definitiva que ponga fin al asunto.

Con respecto al Impuesto sobre la Plusvalía Municipal, las cosas no están mucho mejor, puesto que el Hacienda aún no ha revelado cuál es el sistema que deben emplear los Ayuntamientos para devolver el dinero a los contribuyentes que vendieron su casa con pérdidas. La discusión parte, incluso más allá, sobre si tienen derecho o no a percibir lo pagado aquéllos cuyos municipios liquidaron el impuesto.