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La Fiscalía pide a Piñera entregar los datos sobre el caso de espionaje en Chile
Piñera, precandidato de la coalición derechista Chile Vamos, aseguró a Canal 13 tener la impresión de que dicha investigación daría "un vuelto total", ya que no se debería a "espionaje político ni industrial", sino a "una cosa mucho más doméstica, que tiene que ver con relaciones de pareja".
Manuel Guerra, el fiscal a cargo del caso que involucra a la patronal de la industria manufacturera, desmintió no obstante esta posibilidad, que "no se vincula en nada con lo que la Fiscalía está investigando".
Guerra llamó a no especular con el tema e invitó al exmandatario a informar sobre su tesis al Ministerio Público, que indaga un posible montaje para crear incertidumbre, previo a la elección del nuevo presidente del gremio empresarial, que la semana pasada dio el triunfo a Bernardo Larraín Matte.
La Sofofa, fundada en 1883, emprendió hace unos días acciones judiciales después de detectar que había sufrido una "vulneración de seguridad y privacidad", tras hallar micrófonos y cámaras ocultas en la oficina de su presidente, Hermann von Mühlenbrock, y de su vicepresidente y directivo de la empresa Carozzi, José Juan Llugany.
Este descubrimiento ocurre después de una serie de hechos irregulares relacionados con información confidencial del organismo, que motivó a la dirección de la Sofofa a contratar los servicios de una empresa de investigación privada.
Aunque Piñera no reveló sus fuentes, puso en jaque con sus declaraciones a su abogado personal Juan Domingo Acosta, que se desempeña como jurista en la Sofofa y fue quien presentó la denuncia por presunto espionaje.
El ex jefe de Estado lidera las encuestas para los comicios presidenciales del 19 de noviembre, y el próximo 2 de julio definirá en elecciones primarias su candidatura por la oposición.
Lo ocurrido en la Sofofa ha sacudido al sector privado, que ha manifestado su rechazo y preocupación por el daño que podría provocar a la imagen de los empresarios, ya muy afectada por los escándalos de corrupción e intromisión en la actividad política conocidos en los últimos dos años.
Incluso el Gobierno expresó su condena a este hecho, que se trata de "la más alta gravedad".