El Govern instó a los catedráticos a retirar publicidad engañosa del Minerval
Una funcionaria de la dirección general de Farmacia del Govern que ha declarado hoy como testigo ante el juez que instruye el caso, Enrique Morell, ha explicado que desde 2012 su departamento abrió varios expedientes al equipo de investigación de desarrollaba el Minerval por considerar que estaban difundiendo como probadas cualidades curativas del cáncer no certificadas.
La testigo ha aportado al juez abundante documentación sobre el seguimiento que su departamento hizo de los trabajos de Busquets y Escribá, investigados ahora por presunta estafa tras comprobar la policía que vendían el fármaco experimental a enfermos de cáncer y sus familias.
La funcionaria ha detallado que, como explicaron fuentes de la Conselleria de Salud cuando se destapó el caso, desde 2012 los dos catedráticos fueron advertidos en varias ocasiones de que no podían divulgar en medios de comunicación que el Minerval tenía propiedades curativas en determinados cánceres, puesto que los ensayos clínicos aún no habían aportado pruebas concluyentes.
Además, también se les requirió a cesar de atribuir beneficios al producto que habían desarrollado en campañas a través de las redes sociales que llevaba a cabo la Fundación Marathon, creada para recaudar fondos de apoyo a su investigación.
Las mismas fuentes explicaron que la Conselleria de Salud había solicitado información sobre el proceso de acreditación del Minerval a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es la competente para autorizar la comercialización de un fármaco.
La funcionaria autonómica ha sido la última testigo en la tercera jornada de comparecencias ante el juez del caso Minerval, en la que también ha declarado la jefa de Oncología del hospital Son Espases, Sefa Terrasa, que se ha ratificado en su denuncia inicial de la presunta estafa.
Terrasa se dirigió en 2015 al rectorado de la UIB para relatar que tenía noticias de que los investigadores del Minerval lo vendían a enfermos, pero ante la falta de pruebas los responsables universitarios decidieron no actuar.
Fue tras una segunda denuncia de la Oncóloga en 2016 dirigida al Consejo Social de la universidad cuando se trasladó el caso a la Policía, que constató los indicios de estafa y detuvo a cinco personas.
El juez ha admitido hoy la personación de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), aunque aún no ha determinado si actuará como perjudicada o como responsable, dada la pertenencia a la institución de los dos principales imputados.