La nueva directiva para mejorar la gobernanza, al detalle en 'Iuris&Lex'

A partir de ahora, las empresas cotizadas empezarán a tener luz y taquígrafos dentro de sus estructuras, puesto que en un par de años, una vez traspuesta la norma en los sistemas nacionales, las sociedades podrán saber quiénes están detrás de sus accionariados e, incluso, podrán intentar que se involucren en la empresa. La mayoría de los fondos ha buscado hasta ahora la rentabilidad y ante cualquier peligro ha tomado el camino de salida. Hasta ahora, los fondos de inversión eran incontrolables, ahora también lo serán, pero se brinda a las compañías una posibilidad de rentabilizar su presencia en beneficio de la propia empresa. Es un paso más en la gobernanza, en el buen gobierno, donde las buenas intenciones priman sobre las obligaciones legales.

Iuris&Lex, la revista jurídica digital de elEconomista -que desde hoy puede descargarse en www. ecoley.es-, analiza la nueva Directiva que el Parlamento y el Consejo de Europa han aprobado y que busca la implicación de los accionistas institucionales a largo plazo en las empresas. De este modo, las sociedades cotizadas podrán concoer los datos de sus accionistas.

Por otra parte, Iuris&Lex recoge la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ha tumbado la obligación de que las empresas lleven a cabo un registro diario de las horas trabajadas por cada empleado, establecida por la Audiencia Nacional (AN) en una sentencia del 4 de diciembre de 2015. En su lugar, interpreta el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores (ET) en el sentido de que las compañías únicamente deben anotar las horas extra.

En torno a la prevención de delitos en la empresa, Iuris&Lex destaca y explica el nuevo certificado para el órgano encargado de estos asuntos en las sociedades.En este sentido, la Asociación Española de Normalización (UNE) ultima la norma que permitirá a las empresas certificar sus modelos de compliance: la UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal. Un texto que debe aplacar la incertidumbre y nerviosismo que ha creado en el seno de las empresas la introducción, a través del artículo 31 bis del Código Penal (CP), de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Además, la revista también analiza el informe de la Comisión Europea que reconoce mejoras en la Justicia española. El Cuadro de indicadores de la Justicia de la Unión Europea de 2017 avala la Justicia digital, las comunicaciones electrónicas y la Justicia Gratuita españolas. Sin embargo, la Comisión apunta que, en percepción de la independencia judicial, el 60 por ciento de los españoles la percibe como "mala" o "muy mala", según los resultados . El documento recoge que España obtiene la máxima puntuación en materia de comunicación con las partes, así como en la que se facilita a los medios de comunicación.

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