El CGPJ pide responsabilidad a los jueces para que las juntas no perjudiquen a los ciudadanos

Dívar ha trasladado esta petición a los representantes de las asociaciones judiciales y a catorce jueces decanos, con los que se ha reunido hoy para abordar el malestar en la carrera judicial tras las "injerencias políticas" que se han producido a raíz del llamado "caso Mari Luz".

Los jueces han pedido a Dívar que el Consejo abandere la solución a los problemas estructurales de la Justicia y que se defienda con mayor contundencia de las intromisiones de dirigentes políticos en el Poder Judicial.

Tras escuchar estas peticiones el órgano de gobierno de los jueces, según ha explicado su portavoz, Gabriela Bravo, se ha comprometido a liderar las reformas necesarias en la Administración de Justicia, así como a defender "la independencia de los jueces frente a cualquier injerencia".

Bravo ha asegurado que las reuniones de esta mañana no han sido un intento de fiscalizar ni controlar las juntas de jueces -extremo que han confirmado los asistentes-, ya que, según ha indicado, el CGPJ confía en la responsabilidad de los magistrados.

No obstante, ha reconocido que la coincidencia con los paros de los secretarios "está ahí" y que los jueces habrán medido "el mensaje positivo o no" que se puede trasladar a la sociedad.

El CGPJ cree que las juntas de jueces no son un mecanismo de presión, sino el medio por el que los jueces pueden expresar sus reivindicaciones.

En este sentido, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, ha reconocido que no han recibido presiones para desconvocar las juntas y ha advertido de que si no mejora la situación, podrían adoptar otras medidas, incluso la huelga.

Además, ha explicado que el único reproche que han transmitido al nuevo CGPJ es que no saliera en bloque para dar una respuesta inmediata a las injerencias políticas a raíz del expediente a Tirado.

Según Bravo, el Consejo se ha marcado un calendario de reuniones periódicas con los jueces y una hoja de ruta en la que la prioridad es abordar las deficiencias del sistema e instar a los poderes públicos a colaborar en la tarea urgente de mejorar la Justicia.

A la reunión con las asociaciones han asistido José López García de la Serrana, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), y el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Lorenzo del Río.

Todos ellos niegan que las juntas de mañana sean una "huelga encubierta", aunque han transmitido el descontento en la carrera judicial por las carencias de la Administración de Justicia y el sentimiento de "trato injusto hacia los jueces", a quienes se les hace únicos responsables de ciertas disfunciones.

"Los jueces están quemados, tienen un déficit de medios materiales y personales y quieren sentirse arropados" por el CGPJ, ha declarado Del Río.

Gimeno ha indicado que han pedido al CGPJ que sea el garante de la independencia de los jueces y además marque "esa línea roja que establezca dónde están los límites de una posible injerencia de poderes ajenos al CGPJ".

A su juicio, las declaraciones de dirigentes políticos -entre ellos el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega- sobre la sanción de 1.500 euros impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado por no ejecutar una sentencia contra el presunto asesino de Mari Luz Cortés "han sido una gota más, pero la última".