Unió pide ser exculpada del desvío aduciendo que no afectó al interés general
En la sección sexta de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado hoy el juicio contra tres responsables de la Fundació Catalunya i Territori que afrontan penas de hasta quince años de cárcel acusados de estafar a bancos a través de un conglomerado de empresas con el que presuntamente desviaron a UDC más de 200.000 euros.
En su escrito de acusación, la Fiscalía sitúa a Unió como responsable civil del presunto desvío de fondos y le reclama que devuelva a su fundación afín los casi 61.500 euros de la suma desviada que la formación democristiana -actualmente en concurso de acreedores- todavía no ha abonado.
Sin embargo, en las cuestiones previas que hoy han expuesto las partes ante el tribunal, el letrado de Unió ha pedido a la sala que lo exculpe del desvío, al entender que la Fiscalía no tiene legitimidad para acusarla por un delito de administración desleal, dado que su fundación afín, que sería la presuntamente perjudicada, nunca denunció al partido por esos hechos.
Para el abogado de Unió, Joan Segarra, el hecho de que la Fundació Catalunya i Territori pagara servicios y alquileres de los que se benefició Unió "no afecta a los intereses económicos generales", lo que a su parecer impide a la Fiscalía ejercer la acusación por esos hechos.
La Fiscalía ha rechazado la tesis planteada por Unió y, tras recordar que la imputación del partido fue "bendecida" por un auto de la Audiencia de Barcelona, ha insistido en que la Fundació no es una entidad privada y que en sus propios estatutos reconoce que tiene fines generales, como "el equilibrio territorial y el fomento del sentimiento de nación y de la cultura nacional catalana".
El ministerio público, además, ha aducido que la Fundació Catalunya i Territori se nutre con aportaciones de donantes particulares que, de esa forma, obtienen beneficios fiscales, lo que en definitiva "acaba repercutiendo en el erario público" y justifica el interés económico general del presunto desvío.
El tribunal ha acordado resolver en sentencia la cuestión planteada por Unió, lo que comportará que la formación democristiana sea juzgada como responsable civil, aunque la presidenta, Àngels Vives, ha avanzado que la sala aprecia que "puede haber intereses generales" en la cuestión a juzgar.
La primera sesión del juicio ha supuesto ya una leve rebaja de condena para dos de los principales acusados, los exvocales de la Fundació Catalunya i Territori Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés, quienes inicialmente afrontaban una petición fiscal de 17 años de prisión.
El fiscal Pedro Ariche ha aceptado el alegato de sus defensas de que ha prescrito uno de los delitos de falsedad documental por el que les acusaba, lo que ya de entrada les permite beneficiarse de una rebaja de dos años respecto a la pena solicitada en un inicio.
Por su parte, el expresidente de la Fundación, Josep Boqué, que fue director general de Consumo en los años 90, se expone a una condena de ocho años de prisión, mientras que el administrador de la constructora Copisa José Cornado afronta otros tres años y Xavier Soriano, vinculado a la fundación afín a UDC, un año y once meses.
La sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha decidido resolver en sentencia el resto de alegaciones formuladas por las defensas, que piden el archivo de la causa por vulneración de derechos al entender que la entrada de inspectores de Hacienda en la sede de la empresa de los imputados no contó con su consentimiento.
Este proceso deriva de una querella que la Fiscalía presentó contra una trama integrada por una treintena de empresas de escasa actividad que orbitaba alrededor del grupo empresarial IMS y de la Fundació Catalunya i Territori, que compartían responsables.
La Fiscalía sostiene que los acusados utilizaron ese grupo empresarial, del que dependían varias empresas sin actividad real y gestionadas por testaferros, para conseguir créditos con los que ir tapando los agujeros bancarios que dejaban unas y otras sociedades, en lo que se conoce como "pelota financiera", entre 2003 y 2007.
Además, la Fiscalía acusa a los responsables de IMS de desviar fondos a UDC al pagar, con dinero de la Fundació, media docena de facturas que la formación debía a la empresa Kontrast por la organización de eventos, que ascendían a casi 116.500 euros.
En ese presunto desvío de fondos, según la Fiscalía, resultó clave el exgerente de Unió Josep Maria Núñez, quien murió 2014.
El fiscal también cree que se desviaron fondos mediante la condonación del alquiler de unos locales que Unió tenía arrendados a la Fundación en Tarragona, Lleida y Tàrrega (Lleida) y por la posterior venta de esos inmuebles a la formación a un precio inferior al del mercado.
Cuando la instrucción del caso estaba próxima a su fin, UDC pagó a la Fundación 160.000 euros por la compra-venta de los locales y otros 35.700 por los alquileres dejados de abonar desde 2005, aunque el fiscal cree que le faltan otros 61.500 para enjugar la deuda.