La contratación pública no garantizará beneficio a los concesionarios

Los expertos subrayan que las nuevas Directivas europeas sobre contratación pública no garantizarán beneficios a los concesionarios. En concreto, destacan que las Directivas 2014/23, 24 y 25/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sí buscan una protección de los empresarios, pero en ningún caso quedarán cubiertos ante cualquier pérdida que pueden surgir en torno a la actividad contratada por la Administración.

Así lo manifestó ayer Manuel Silva, abogado del Estado y socio del Departamento de Derecho Regulatorio de Roca Junyent, durante la jornada Consecuencias prácticas de la aplicación directa de las nuevas directivas de contratación. El especialista coincidió con el resto de sus compañeros de mesa en apuntar que la transposición de la norma europea al ordenamiento español aún tardará meses, pese a que el plazo haya vencido el pasado 18 de abril.

Sin embargo, los juristas sostienen que la normativa europea tiene ya una aplicación directa que afecta a los empresarios, aunque no se haya transpuesto. "Aquellos preceptos de las directivas que sean claros y precisos tendrán un efecto directo. Las empresas pueden invocar ya esta aplicación", explicó ayer Rosa Sanz, abogada del Estado compañera de Silva. Por su parte, Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo y el CGPJ y expresidente del Tribunal Constitucional de España, abordó también este efecto directo.

En este sentido, los especialistas insistieron en que aún hay que esperar a ver el resultado de la transposición para ver como quedan finalmente configuradas las normativas europeas en la legislación española. En este sentido, aseguraron que este periodo puede ser una oportunidad para los contratistas, que, a su juicio, antes tenían unos límites más estrechos en torno a los contratos públicos.

Tramitación lenta

En todo caso, aseguran que la tramitación será lenta debido a la disolución de las Cortes. "Serán al menos 13 meses de tramitación parlamentaria", calculó Manuel Silva. "Habría que hacer un Real Decreto y luego una tramitación legislativa por el procedimiento de urgencia", añadió. La lentitud legislativa provocará, según los juristas, que la nueva normativa se aplique con efecto retroactivo, al menos hasta la fecha de 18 de abril de 2016, cuando empieza a tener efectos la aplicación directa.

Durante el acto, celebrado en la Cámara de Comercio de Madrid, Miquel Roca, socio presidente de Roca Junyent, y Manuel López-Medel, secretario general de la Cámara, destacaron la importancia de la jornada por "la aplicación y actualidad de la temática y la relevancia de los ponentes invitados, que han analizado los distintos aspectos de la aplicación de estas Directivas".