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El Congreso de Guatemala aprueba la renuncia del magistrado procesado por corrupción
El pasado día 2 Charchal presentó su renuncia al cargo, la cual fue respaldada en el Parlamento este martes por 86 votos a favor y 14 en contra.
Charchal fue enviado a prisión el mismo 2 de septiembre pasado, tras ser encausado por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, pues supuestamente movió sus influencias en beneficio de una red de corrupción para otorgar el contrato de ampliación de ese puerto a la empresa TCQ.
Según las evidencias presentadas por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entre ellas escuchas telefónicas, declaraciones testimoniales y documentos, Charchal "se puso al servicio de una empresa criminal enquistada en las más altas jerarquías del Organismo Ejecutivo", pues sus líderes eran el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldett, ya en prisión preventiva.
Supuestamente, el magistrado tuvo participación en el proceso de negociación del usufructo oneroso a favor de TCQ.
APM Terminals es dueña del 85 % de TCQ, que administra la terminal y las obras de ampliación del Puerto Queztal, la mayor portuaria de Guatemala, mientras que el otro 15 % es propiedad de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial.
La ampliación del puerto, en el departamento sureño de Escuintla, se produjo a través de un usufructo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de unas 34 hectáreas.
El contrato de ampliación le habría representado a Pérez Molina y Baldetti unos 24,5 millones de dólares en comisiones, según las investigaciones.
Por estos motivos, el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, envió a Charchal a prisión preventiva, régimen que cumplirá en la cárcel Mariscal Zavala.