Gobierno salvadoreño no ve "utilidad práctica" en nulidad de Ley de Amnistía

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró "inconstitucional" la amnistía vigente desde 1993 porque "es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales y al derecho a la reparación integral de las víctimas".

"Durante muchos años estuvimos esperando una resolución como esa, pero 25 años después (de la firma de los Acuerdos de Paz) qué utilidad práctica tiene eso realmente", señaló Chicas durante una entrevista televisiva.

Añadió que con esta decisión los magistrados del Constitucional "le traen al país es una enorme complicación", sin explicar el tipo de problemas.

Las declaraciones de Chicas se suman a las dadas el pasado 16 de julio por el presidente, Salvador Sánchez Cerén, que criticó la decisión y sostuvo que no se situaba frente a los "verdaderos y actuales problemas del país".

Por su parte, la presidenta del Congreso, Lorena Peña, aseguró el 22 de julio que la nulidad de la referida ley es una "farsa" y una "burla" porque a las víctimas "les va a ser muy difícil" abrir procesos judiciales.

"Creo que es necesaria, de verdad, una ley de justicia, verdad y reparación" porque en la sentencia que "deroga" la Ley de Amnistía "la Sala no tuvo la capacidad de ponerle obligaciones al Estado, es un poco una farsa", señaló la diputada del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General supone que se puedan retomar o abrir procesos judiciales en los 32 casos de crímenes de guerra plasmados en el Informe de la Comisión de la Verdad de 1993 de las Naciones Unidas, atribuidos al Ejército y al FMLN.

El documento recoge casos como el de la masacre de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras (1989) y de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y el magnicidio de Óscar Romero (1980), ahora beato de la Iglesia católica.

El Constitucional también estableció la posibilidad de investigar otros casos que estén fuera del Informe que se puedan considerar como delitos de lesa humanidad.

Algunos sectores de la sociedad salvadoreña aseguran que la inconstitucionalidad "arrastra" al país al pasado y que "reabre viejas heridas", mientras que para otros, principalmente organizaciones de víctimas, es el inicio real de la "reconciliación".

La guerra civil (1980-1992) que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y la guerrilla del FMLN se saldó con unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.